Abogacía del Estado
La Asociación de Abogados del Estado ha rechazado "cualquier intento de injerencia o presión y, especialmente, de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado" cuando se espera su pronunciamiento a cerca de la inmunidad dictaminada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre Oriol Junqueras.
Aunque no menciona de manera expresa y solo alude que el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado emite su comunicado "ante las recientes informaciones publicadas", tiene lugar después de que ERC haya supeditado su apoyo a la configuración de Gobierno a dicho pronunciamiento y al signo del mismo, alentando la influencia en su contenido por parte del Ejecutivo. "Los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos", afirma la asociación en el comunicado.
"Somos profesionales del Derecho y servidores públicos"
"Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une", agrega la nota emitida en víspera posiblemente del pronunciamiento del Abogado del Estado.
El PSOE y ERC están pendientes de que la Abogacía del Estado presente tal vez este lunes sus alegaciones tras la sentencia de TJUE que dictaminó la inmunidad de Oriol Junqueras desde su elección como europarlamentario. Precisamente la importancia de su posición en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez ha motivado el retraso en la presentación de un escrito que, en principio, podría haberse divulgado antes de Nochebuena.
Los servicios jurídicos del Estado quieren hilar muy fino en un escrito en el que se da por descontado que defenderán la libertad de Junqueras, al menos, para que pueda realizar las formalidades que le permitan tomar posesión efectiva de su escaño en el Parlamento Europeo tras ser elegido el pasado 26 de mayo. De hecho, esa fue su posición durante el juicio.
En un primer momento, la Abogacía tenía previsto presentar sus argumentos al Tribunal Supremo el día 23, pero no lo hizo. El plazo dado por los jueces para recabar las alegaciones de las partes expira el próximo 2 de enero. Un día después, la Junta Electoral Central estudiará las solicitudes del PP y Ciudadanos de que comunique formalmente al TJUE que Junqueras no es eurodiputado.
Hasta ahora ya se ha pronunciado la Fiscalía que sostiene en su escrito que la sentencia del TJUE no puede afectar a la situación de Junqueras, que ya no se encuentra en prisión preventiva, sino condenado en firme a una pena de 13 de prisión, que le inhabilita para ejercer como eurodiputado. Por su parte, la defensa del que fuera vicepresidente de la Generalitat durante el `procés´ formuló de manera sorpresiva su alegato del día de Nochebuena. Pide la nulidad del juicio y la inmediata libertad del condenado.
Detrás de este procedimiento judicial, está el mar de fondo de la negociación con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas no quieren que las alegaciones de la Abogacía se entiendan como una cesión ante los independentistas, mientras que Esquerra exige un pronunciamiento claro de los servicios jurídicos del Estado a favor de la libertad de Junqueras y, por tanto, de la vía política para encontrar salida a la situación en Cataluña.