Elecciones generales
Sánchez ha convocado elecciones en pleno verano y con el semestre de presidencia española de la Unión Europea, algo que no había sucedido con anterioridad.
El adelanto electoral ha revolucionado el calendario político ya que antes de volver a las urnas se tienen que constituir los ayuntamientos y los parlamentos autonómicos elegidos. Los 12 nuevos parlamentos autonómicos empezarán a formarse a partir del martes 13 de junio, el primero será la Asamblea de Madrid. La formación de Ayuntamientos y la toma de posesión de alcaldes se producirá unos días mas tarde, el sábado 17 de junio. Todo esto se hará a las puertas de una nueva campaña electoral, que empezará el 7 de julio, de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio.
La decisión del presidente, Pedro Sánchez, de adelantar elecciones sorprendió a todo el espectro político español, incluidos los propios socialistas, ya que la decisión sólo la conocía el "núcleo duro" del jefe del Ejecutivo. Fuentes del PSOE señalaron que la decisión del presidente del Gobierno español se gestó entre la noche del domingo y hoy, y que solo la conocían los más cercanos al líder socialista.
Desde Unidas Podemos (UP), socio en el Gobierno de coalición, su secretaria general y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, aseguró que trabajarán desde este momento en alcanzar un acuerdo para trabajar en conjunto con la formación Sumar, liderada por la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díez. Hasta el momento, los desencuentros entre ambas formaciones de izquierdas han sido recurrentes, pero el anuncio de Sánchez les obliga a unir esfuerzos.
El adelanto electoral deja en el tintero más de 60 leyes
Esta decisión ha obligado además a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso desde este martes, cuando se hará efectiva la disolución de la Cámara. Además, paraliza la tramitación de todas las iniciativas en marcha, con lo que se van a quedar sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.
Las leyes aprobadas por el Consejo de Ministros que no verán completada su tramitación en el Congreso son: la ley de Seguridad Nacional, la trasposición de directivas europeas para la lucha contra el fraude, la de equidad del Sistema Nacional de Salud, la ley de eficiencia digital de la Justicia, la Ley del Cine, la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, la Ley de Familias y la del Derecho de Defensa.
De entre las iniciativas que llevan la firma de los grupos parlamentarios no verán la luz la de Secretos Oficiales, la reforma el Código Penal para la protección de la libertad de expresión, así como la destinada a despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, las que reforman la que regula el Tribunal Constitucional y el Registro Civil, y otra reforma del Código Penal o la que buscaba conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo soberanía española.