Las VTC no pueden circular ni estacionar sin tener un servicio contratado

La Audiencia Nacional ha fallado a favor del taxi y del Ministerio de Fomento, y en contra de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y Unauto, declarando legal la prohibición que tenían las VTC de circular y estacionar, sin tener un servicio previo contratado y la hoja de ruta en la página web de control. Se trata de la sentencia relativa al recurso interpuesto por Unauto, Uber, Cabify y la CNMC por el Reglamento de Transportes aprobado por el gobierno en 2015 y que establecía, entre otras cuestiones, esta prohibición, según explica la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi).

Repercusiones

Tras este pronunciamiento, el presidente de Antaxi, Julio Sanz, afirmó que “esta sentencia es de vital importancia, no sólo porque cierra la incertidumbre sobre la legalidad de la hoja de ruta, sino porque confirma que las VTC no podrán circular ni estacionar sin un servicio precontratado y refuerza el tiempo de antelación en, al menos, 15 minutos”. En este sentido, Antaxi también considera esta sentencia “especialmente importante” por el hecho de que el Tribunal Supremo, órgano competente, “ya dio la razón al taxi en 2018”, cuando juzgó la parte relativa al Real Decreto del Reglamento de Transportes. “Esta decisión ratifica la sentencia del Supremo y confirma que el taxi, declarado servicio público de interés general, y las VTC son servicios diferentes y que este último está sometido a limitaciones distintas, como la forma de acceder al servicio”, defiende Sanz. Según Antaxi, esta sentencia facilita a las administraciones implicadas, como son el ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las herramientas necesarias para el efectivo respeto a la ley, ante los “reiterados incumplimientos” de estos vehículos. “Con la sentencia en la mano, Antaxi exigirá, desde hoy mismo, a todas las administraciones competentes, que se cumpla la ley”, concluyó Sanz, quien convocó a todos los taxistas de España a que se concentren frente a las puertas de las distintas administraciones competentes en materia de transporte de las autonomías y ante el ministerio de Fomento, el 18 de febrero, a las 11:00 horas para exigir el cumplimiento de la ley y de estas sentencias judiciales.