Crisis de los microchips
Desde que se inició la crisis de los chips, las marcas acumulan más de 120.000 pedidos. La previsión de la patronal es que la situación se extienda hasta el segundo semestre del año.
La crisis de los microchips continuará hasta el próximo año, según la previsión de la federación de concesionarios Faconauto. Actualmente, muchos compradores tienen que esperar más de 6 meses de media para adquirir su nuevo vehículo.
Esta situación está causando una acumulación de miles de pedidos en los concesionarios. En cifras, son más de 120.000 los clientes que sufren las consecuencias de las demoras en las fábricas. "La crisis de los microchips está haciendo que la transición que vive nuestro sector sea un poco más complicada. Esperamos que a partir del segundo semestre del año que viene este problema se vaya regularizando poco a poco", ha advertido al respecto el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.
Las matriculaciones en su nivel más bajo
En noviembre las matriculaciones se redujeron un 12,3%, hasta los 66.399 coches, en comparación con el mismo periodo de 2020. "El dato de matrículas es malo, catastrófico, pero tenemos un remanente de pedidos que se traducirá en ventas el año que viene", ha precisado el responsable de Faconauto.
Por otro lado, el canal alquilador fue el que registró la peor caída, con un descenso de las entregas del 23%.
Prórroga
Otro problema añadido a esta situación es que el 1 de enero finaliza la moratoria fiscal sobre el impuesto de matriculación. El alza, del 5% de media, afectará a 150.000 compradores. Por ello, los concesionarios han solicitado al Gobierno una prórroga. "Vamos a llegar al 1 de enero con aproximadamente 150.000 españoles y españolas que ha comprado un coche con unas condiciones impositivas que no son las mismas que las que hay antes de esa fecha", lamentan desde la patronal.
Hace una semana, los trabajadores del sector del automóvil de toda España se manifestaron frente al Ministerio de Industria para exigir medidas ante la escasez de microchips. Los empleados solicitaron al Ejecutivo la activación de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) para asegurar los puestos de trabajo hasta que termine la crisis.