LA MINISTRA DE TRABAJO
En declaraciones a los medios al asistir a un desayuno informativo, la ministra de Trabajo ha dicho que las empresas han tenido "dos meses para planificar", pero "han esperado al último día" para abordar el sistema con el que van a controlar la jornada de sus trabajadores.
Por ello, la Inspección de Trabajo "va a actuar", ha indicado, pero "si llega a una empresa y dicen que están en fase de negociación, se dará un margen de maniobra, dentro del respeto y del cumplimiento de la ley, para poner en marcha el registro de jornada".
"Hay que cumplir con las jornadas, porque el tiempo parcial es tiempo parcial y las horas extra son horas extra", ha dejado claro la ministra, al tiempo que ha recordado que esta ley beneficia a las empresas, a los trabajadores, a la conciliación y a las arcas de la Seguridad Social. Respecto al plazo que esperará la Inspección para comenzar a sancionar, la ministra ha señalado que "no se va a pillar las manos", pero que "debe ser razonable. La moratoria no es sine die".
Sobre la cuantía de las multas establecida en la norma, ha dicho que "se podía haber establecido una sanción por cada trabajador que no cumple", pero que "se ha decidido empezar por una global", considerando una falta grave -con entre 600 y 6.000 euros- que se graduará en función de la entidad.
Valerio ha explicado que, tras la entrada en vigor del plan director por un trabajo digno, la Inspección de Trabajo vio imposible controlar cuándo una persona estaba dentro del horario en contrato o fuera ni comprobar si estaba haciendo horas extra, lo que motivó la obligación de registrar el tiempo de trabajo de todos los empleados.
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