TENDRÁN QUE DECLARAR

Tres altos cargos de supervisión del Banco de España dimiten por la investigación del caso Bankia

Se trata del director general de supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, su número dos, Pedro Comín, y el inspector Pedro González. Sus renuncias se producen apenas unas horas después de que la Audiencia Nacional haya ordenado al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, que cite como investigado, entre otros, al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad.

El director general de supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, su número dos, Pedro Comín, y el inspector Pedro González han dimitido de sus cargos tras conocerse que la Audiencia Nacional quiere que se investigue su actuación en la salida a bolsa de Bankia. La institución que dirige Luis María Linde ha explicado en un comunicado que, en sus escritos de renuncia, los tres expresan su deseo de no permanecer en sus cargos con el fin de que su citación para declarar como investigados en el caso Bankia "no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España".

Las renuncias se presentarán en la sesión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España mañana día 14 de febrero, añade el supervisor. La dimisión se produce apenas unas horas después de que la Audiencia Nacional haya ordenado al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, que cite como investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al exsubgobernador Fernando Restoy, y al expresidente de la CNMV Julio Segura por las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad.

Además, se solicitaba también la imputación de otros responsables del Banco de España como Jerónimo Martínez Tello, Javier Arístegui y los tres inspectores que han renunciado a sus puestos: Mariano Herrera, Pedro Comín y Pedro González.

Según el escrito, todos ellos autorizaron la operación de la salida a Bolsa de Bankia "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España" sobre la inviabilidad del grupo, y de que la solución "no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes", que cifra en 15.000 millones de euros.

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