MANIFESTACIÓN EN MADRID
Miles de funcionarios de la Administración de Justicia de todo el país han secundado la huelga convocada por los sindicatos para rechazar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y destruye empleo del personal interino.
El Ministerio de Justicia ha cifrado en el 18,77 por ciento el seguimiento de la primera huelga en el sector desde hace 20 años. Lo que se traduce en que de los más de 50.000 trabajadores de Justicia de todas las comunidades autónomas que han sido convocados, han secundado la protesta alrededor de 9.300. Estos datos contrastan, sin embargo, con las cifras ofrecidas por CSIF y CCOO, dos de los sindicatos que han convocado la huelga y que han estimado que el 80 por ciento de los funcionarios ha secundado el paro, es decir, unas 40.000 personas.
Por comunidades autónomas, según el Ministerio, La Rioja (41,80 %), Madrid (40,59 %), Asturias (36,68 %), Cantabria (31,53 %) y Andalucía (24,14 %) han sido las regiones en las que más funcionarios han secundado los paros convocados por los sindicatos. En cambio, el País Vasco (1,75 %) ha sido la comunidad con menor seguimiento en la huelga, seguida de Galicia (1,47 %), Ceuta (3,51 %), Comunidad Valenciana (6,64 %) y Baleares (6,85 %).
Además de la huelga, los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y STAJ, han convocado una manifestación en Madrid a la que han asistido 5.000 funcionarios, según los mismos, y que ha discurrido por el centro de la capital bajo el lema "No a la movilidad forzosa y arbitraria. No a la destrucción de empleo". Según ha informado un portavoz del sindicato CSIF, en su caso se han desplazado hasta la capital madrileña treinta autobuses con trabajadores de Justicia de todo el país.
A lo largo del recorrido, que ha finalizado en el Palacio del Senado, los asistentes han coreado consignas como "ministra escucha, Justicia está en la lucha" y portaban carteles con diferentes mensajes como "políticos y ministros hunden la Justicia" o "en las elecciones pagaréis vuestros errores".
Los sindicatos creen que la reforma de la ley permitirá a la Administración determinar, sin haber negociado con los trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento sin atender a su especialización y de forma arbitraria, y la destrucción del empleo de personal de refuerzos, que impedirá la contratación, por ejemplo, en juzgados de cláusulas suelo.
Por este motivo, ha explicado el presidente nacional del sector de Justicia de CSIF, Francisco Lama, lo que solicitan en primer lugar es una reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que se comprometa a frenar la tramitación de la reforma. El secretario general de Justicia en CCOO, Luis Calero, también ha pedido que el exministro y la actual ministra de Justicia, Rafael Catalá y Dolores Delgado, respectivamente, se reúnan para instar a los grupos parlamentarios del Senado a retirar las enmiendas de esta ley orgánica, que han "forzado estas movilizaciones".
Asimismo que ambos se sienten a negociar con los sindicatos y escuchen sus propuestas. A juicio del vicesecretario general del STAJ, José Luis Fernández, la reforma supone un ataque "gravísimo" contra las condiciones laborales y ha reclamado que los trabajadores "tienen el derecho a elegir libremente su puesto de trabajo".
La responsable del sindicato de Justicia de UGT, Victoria Carrero, también ha criticado la reforma que a su juicio se ha hecho de "un día a otro" sin tener en cuenta a los trabajadores y atenta "no solo contra la conciliación laboral, familiar sino también económica". La huelga de funcionarios se ha celebrado tres días antes de la que han convocado jueces y fiscales el lunes 19 y tres días después del paro de los letrados de la administración de Justicia.