Justicia
La resolución judicial puede abrir la vía a los recursos de las demás comunidades
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Junta de Castilla y León y ha obligado al Estado a pagar a esa comunidad los 182 millones que se le adeudan de la liquidación del IVA del 2017, con 120,5 de forma directa y 61,5 más del nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado.
Según ha explicado la Consejería de la Presidencia de la Junta este martes en un comunicado, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León ha recibido la notificación de esa sentencia del Supremo, de fecha 19 de abril de 2021, "la primera dictada en España al respecto", indicó Efe.
Vía abierta al resto de comunidades
La Junta ha incidido en que esa resolución judicial "puede abrir la vía a los recursos de las demás Comunidades Autónomas en idéntica situación, lo que supondrá para el Estado analizar el pago de hasta 4.150 millones".
El recurso de la Junta remarcó que en ningún caso se estaba efectuando un recurso contra la liquidación definitiva tributaria de ese año, efectuada y comunicada por el
Estado a la Junta en el año 2019, en la que faltaba el computo de un mes de IVA, es decir, no se pedía la revisión de dicho acto, sino que se formulaba una reclamación nueva de cantidad por un importe igual a la cantidad dejada de percibir, por lo que no había un acto consentido y firme.