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Solo el 10% de los consumidores consigue dar de baja sus datos personales con un teleoperador, según la OCU

Un estudio de la OCU concluye que un 66 % de las llamadas comerciales que reciben los ciudadanos son de empresas no identificables.

Solo el 10% de los consumidores consigue dar de baja sus datos personales con un teleoperador, según la OCUGetty

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho público un estudio en el que revela que 2 de cada 3 llamadas comerciales que reciben los consumidores provienen de empresas no identificables. Un hecho que quiere decir que cuando los ciudadanos quieren volver a contactar con el teleoperador para conocer mejor la oferta o solicitar que no vuelvan a llamar ya no es posible hacerlo.

Además, otro de los datos significativos que ofrece el estudio señala que cuando se consigue hablar con un teleoperador es muy difícil dar de baja los datos personales del consumidor, algo que solo consiguieron de forma inequívoca el 10% de las llamadas. De todas las llamadas recogidas por el estudio, solo el 1% facilitó la baja de esos datos, a pesar de que es un derecho de los usuarios.

Dificultades para volver a contactar

Según explica la OCU, lo más frecuente en estos casos es que, aunque el usuario cuenta con un número de la llamada recibida, en cuanto la devuelve un contestador le indica que ya no existe la línea, que las llamadas están restringidas o que es un número desconocido. También han comprobado que existen casos en los que la llamada se corta, deja de comunicar o aparece un hilo musical con la frase "todos nuestro operadores están ocupados".

La organización ha realizado este estudio a partir de 212 números fijos y móviles utilizados para lanzar ofertas comerciales y alerta de que existen "graves irregularidades" en estas prácticas.

Estos hechos incumplen Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, por ello, la OCU denuncia que "desacredita su reciente código ético para evitar las malas prácticas en la venta por teléfono". Por este motivo, la OCU ha pedido al Ministerio de Consumo que la ley garantice que se pueda identificar fácilmente qué empresa contacta así como otros derechos como el de rectificación o cancelación.

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