IMPUTADO POR DELITOS FISCALES
El patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha acreditado que padece una lumbalgia que le impide moverse para no acudir hoy a declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, que sigue la investigación contra el Rayo Vallecano por tres presuntos delitos fiscales.
Así lo han indicado fuentes jurídicas que han detallado que éste es el segundo aplazamiento por motivos médicos que se produce en la declaración como imputado de José María Ruiz-Mateos, aunque en esta ocasión por una causa diferente a la anterior. Los abogados de Ruiz-Mateos han entregado al juez que instruye el caso la citada acreditación médica cinco minutos antes del mediodía, cuando tenía que prestar declaración como imputado.
El proceso sigue en fase de instrucción y el juez tendrá que volver a citar a José María Ruiz-Mateos para que preste declaración. Por su parte, Javier Ruiz-Mateos Rivero, también citado hoy en el mismo Juzgado, ha prestado declaración como imputado unos 25 minutos más tarde de la hora a la que estaba convocado (las 13.00 horas), y no ha querido hacer ninguna declaración ni antes ni después de su encuentro con el juez.
Uno de los motivos que ha influido en el retraso en su declaración ha sido el altercado que se ha producido a las puertas del Juzgado, cuando la Policía ha requerido a uno de los acompañantes de Javier Ruiz-Mateos que explicara los motivos por los que ha intentado aparcar el coche en el aparcamiento de las dependencias judiciales, donde finalmente no ha podido dejar el vehículo. El acompañante de Ruiz-Mateos, al que la Policía ha requerido tanto la documentación como explicaciones de lo ocurrido, ha querido quitar importancia al altercado ante la prensa que lo ha presenciado.
Tras la declaración de Javier Ruiz-Mateos ante el juez, el coche le ha recogido en la salida de las dependencias judiciales en la madrileña calle Capitán Haya, por donde ha entrado y salido para intentar evitar las numerosas cámaras de televisión que se habían concentrado en las puertas de los Juzgados de Plaza Castilla desde primera hora de la mañana. La investigación del Juzgado en el caso Rayo Vallecano sobre un presunto delito de falsedad documental está relacionado con las actas de las juntas de accionistas de la sociedad Rayo Vallecano.
En el caso del presunto delito de alzamiento de bienes, el Juzgado investiga en relación a los ingresos que generó la publicidad de la marca Clesa, que se incorporó a las camisetas de los jugadores de este equipo de fútbol. El procedimiento, que se encuentra en fase de instrucción avanzada, ya cuenta con las declaraciones de los miembros de la asesoría jurídica de la sociedad, al administrador y su presidenta, Teresa Rivero.
Según las cuentas de Rayo Vallecano correspondientes al ejercicio 2008-2009, los principales acreedores son Hacienda y la Seguridad Social, que reclamaban 21,68 millones euros al club de fútbol, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2004 y 2008. De esa cantidad, 14,4 millones eran en concepto de IRPF, otros 2,8 millones por IVA y 2,19 millones más por deudas contraídas con la Seguridad Social. La Administración Tributaria también había determinado que el equipo contrajo entre 2000 y 2002 una deuda de 9,03 millones de euros en concepto de IRPF.