ASEGURA QUE SU USO ERA CONOCIDO POR HACIENDA
La defensa del expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato ha solicitado su absolución en el caso de las tarjetas opacas, al considerar que su uso era una práctica plenamente aceptada cuando accedió al cargo, que estaba incluida en su contrato y era conocida por Hacienda y por los supervisores.
En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, la defensa de Rato alega que "la entrega y el uso" de dichas tarjetas por parte de consejeros y directivos era una práctica "notoria" en Caja Madrid, establecida antes de su llegada a la entidad y en la que Rato "no tuvo ninguna participación" en su puesta en marcha.
El escrito señala que la tarjeta fue entregada al exvicepresidente del Gobierno por la misma persona que firmó su contrato, para que le diera un uso "que se ajustaba plenamente a las previsiones establecidas en él", y con esa conciencia Rato la utilizó.
Posteriormente, cuando Bankia comenzó a revisar los cargos efectuados con las tarjetas, Rato procedió a devolver "de manera voluntaria y espontánea" 54.837,12 euros correspondientes a gastos de 2011 y 2012 directamente a la entidad y otros 44.000 euros de 2010 en las cuentas de la Fundación Monte de Piedad de Madrid.
Además, alega la defensa, que el uso dado a estas tarjetas era "plenamente conocido" por los diferentes órganos de gobierno de la caja, así como por los auditores internos y externos, Hacienda y "las autoridades supervisoras", que tenían "acceso a las actas". Por todo ello, la defensa considera que no existe delito y pide la libre absolución de Rato.