TRAS LA SUBIDA DE UN 11%
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra en Bruselas desde donde ha dicho que la subida del precio de la tarifa de la luz era "exagerada y no estaba en absoluto justificada". Por ello, ha adelantado, se está trabajando en un procedimiento para fijar un precio alternativo a la subasta que se conoció este jueves y se resolverá antes de fin de año.
El Gobierno está trabajando en "fijar un precio alternativo" de la electricidad al establecido en la subasta eléctrica de ayer al considerar "exagerado" y "no justificado" su resultado, anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"Lo importante es que esa subida no se va a trasladar al recibo de la luz", afirmó Rajoy, antes de anunciar que "el Gobierno está trabajando en un procedimiento para fijar un precio alternativo de la subasta y ha pedido a la CNMC un informe a tal efecto".
"El asunto se va a resolver antes de fin de año", con el objeto de fijar el nuevo precio de la tarifa eléctrica, avanzó Rajoy. "Consideramos que la subida de precios que ha arrojado la subasta era exagerada y no estaba en abosluto justificada", señaló.
Saénz de Santamaría: "Debemos trabajar en un nuevo sistema de fijación de os precios de la energía"
La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría ha declarado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "el Gobierno trabaja en un procedimiento para establecer el precio de la energía conforme a criterios objetivos".
La vicepresidenta ha explicado que "las dos órdenes ministeriales de 2009 y 2010 establece que la comisión nacional de los mercados de competencia tiene que validar esa subasta. El ministerio de Industria requirió un informe sobre el comportamiento de la subasta".
Santamaría también ha dicho que "La comisión ha remitido un informe diciendo que no es válida la subasta porque concurrieron circunstancias atípicas. El ministerio ha anulado la subasta y no se va a producir la subida del 10,5% que establecía el resultado de la subasta".
El decreto, que todavía no ha sido publicado en el BOE, contempla que cuando un arrendador no quiere prorrogar el contrato deberá indemnizar al inquilino con el importe equivalente a 12 mensualidades de renta de una similar.