DETALLES DE LAS PÓLIZAS
Miguel Blesa sigue a la espera. De momento, su estrategia pasa porque sea la aseguradora de Caja Madrid la que aporte la fianza de 16 millones de euros impuesta la semana pasada por el juez Andreu. Se trata de una póliza habitual entre los altos directivos que cubre la responsabilidad civil de sus actuaciones al frente de una empresa.
El ex presidente de Caja Madrid entiende que su antigua póliza debería cubrir los 16 millones de fianza que le piden y así lo ha reclamado. El juez se negó a solicitarlo directamente pero -según los expertos- esto no significa que Blesa no tenga derecho a que la aseguradora lo pague.
Francisco Aranda, de Consulting Europeo de Riesgos, aclara que "primero hay que ver si el tipo de reclamación en la que se está viendo envuelto Blesa está cubierto en esa póliza. Si estuviera cubierto, la aseguradora, en principio, podría anticipar una fianza".
Este tipo de seguros a directivos se conocen como 'D and O'... y entre otros supuestos suelen cubrir: la defensa, multas y sanciones, fianzas civiles, penales y avales e incluso la responsabilidad tributaria.
Esto sobre el papel, pero cuando se reclama el pago la compañía también analiza el comportamiento del cliente.
Tomás Rivera, de la Federación de Corredores de Seguros, nos dice que "si la aseguradora considera que hay dolo por parte del asegurado no indemnizará ni actuará en los gastos de defensa".
En el caso de Miguel Blesa parece que la aseguradora no está dispuesta a dar la póliza como aval al entender que se obró mal.
Este intento de cubrirse con el seguro de la entidad también lo usó en su momento Mario Conde y varios directivos de CAM.
Este tipo de polizas son frecuentes. El año pasado las grandes compañías pagaron 150 millones de euros para asegurar a sus directivos.
El decreto, que todavía no ha sido publicado en el BOE, contempla que cuando un arrendador no quiere prorrogar el contrato deberá indemnizar al inquilino con el importe equivalente a 12 mensualidades de renta de una similar.
El Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas para frenar el encarecimiento de la energía, con rebajas progresivas en los carburantes, límites al precio del gas y ayudas al transporte y al sector agrario.