Podemos alquileres
Además de la regulación de alquileres, la proposición de ley que avala Unidas Podemos contiene medidas para evitar los desahucios, garantizar los suministros de gas, luz y agua.
La proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda que este jueves registrarán en el Congreso Unidas Podemos y otros ocho partidos de izquierdas propone sanciones de hasta 900.000 euros por no aplicar en los contratos de alquiler de vivienda de zonas tensionadas los límites en el precio que se establezcan.
El texto, de más de cien páginas, al que ha tenido acceso Efe, ha sido redactado por organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas, Nadie Sin Hogar y los sindicatos CCOO y UGT.
Las multas van desde los 3.000 hasta los 900.000 euros por infracciones muy graves, graves y leves.
Determinar una renta máxima
Las comunidades autónomas, una vez que habiliten sus índices oficiales de referencia de precios de alquiler, podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado, con una duración máxima de 5 años, y determinar en ellas una renta máxima, que es lo que hasta el momento ha defendido Podemos.
Estas áreas se podrán declarar si el índice oficial de referencia experimenta un crecimiento sostenido claramente superior a la media de esa comunidad, si la carga media del alquiler supera el 30 % de los ingresos medios del área urbana o de la renta media de la comunidad o si el precio de los alquileres ha experimentado en los cinco años anteriores un crecimiento interanual acumulado al menos tres puntos porcentuales por encima de la tasa del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.
A partir de ahí, en los contratos de alquiler la renta pactada entre las partes no podrá superar el índice oficial de referencia correspondiente ni el precio del último contrato vigente en los últimos 5 años o la media de los contratos de ese periodo.
Además de la regulación de alquileres, la proposición de ley que avala Unidas Podemos contiene medidas para evitar los desahucios, garantizar los suministros de gas, luz y agua (con una tarifa social financiada por las empresas), penalizar las viviendas vacías (con recargos del 75 % al 300 % en el IBI y cesión obligatoria para grandes tenedores) y cancelar deudas hipotecarias por