LOS SECTORES DE LA ALIMENTACIÓN Y LAS BEBIDAS
Junto a la solicitud aportan un informe de un despacho de abogados que afirma que la ley catalana puede vulnerar los principios de territorialidad y de igualdad, obstaculiza la libre circulación de mercancías y genera inseguridad jurídica.
El plazo para presentar un recurso de inconstitucionalidad concluye a finales de junio, tres meses después de publicarse la ley.
Los responsables de la cadena agroalimentaria aseguran que el impuesto ya está causando perjuicios económicos en los sectores afectados. Sostienen que no existen evidencias científicas que demuestren la eficacia de un impuesto para combatir la obesidad mientras que sí hay constancia del perjuicio económico que genera este tipo de medida.