LOS DATOS CLAVE DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES
El comité de doce expertos nombrado por el Gobierno para proponer la reforma del sistema ya tiene casi listas sus conclusiones, y una de ellas es que las pensiones ya no subirán en función del IPC, sino en función de cómo estén las cuentas del Estado.
El pasado 12 de abril, el Gobierno anunciaba la creación de un grupo de 12 especialistas para estudiar la reforma de las pensiones. Tenían un mes de plazo para redactar el documento, y ahora uno de los borradores se ha filtrado. En él, los expertos plantean dos vías para garantizar el sistema de prestaciones. Es decir, dos fórmulas para hacerlo viable.
La primera, que la subida anual de las pensiones pase a depender del estado de las cuentas de la Seguridad Social y no del IPC como hasta ahora, indicador que sería el tope máximo. La segunda vía consistiría en reducir la cuantía de las pensiones futuras de acuerdo a la esperanza de vida si en el futuro los gastos superan a los ingresos.
El texto calcula los efectos de estas medidas a corto y medio plazo: quienes se jubilen en el 2024, cobrarían un 6% menos que en la actualidad. Según los expertos, bajando las pensiones devuelves la sostenibilidad en cualquier sistema. "La duda es hasta cuánto estamos dispuestos a bajar las pensiones para reducir el poder adquisitivo de los jubilados”, afirma Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE.
La propuesta de los 12 expertos designados por el Gobierno aún no está cerrada, y cuando sea definitiva, se la trasladará al Pacto de Toledo. No obstante, sobre la mesa se observa un escenario complicado: el número de pensionistas en nuestro país no deja de crecer y ya supera los nueve millones. La diferencia es que hace seis años por cada pensionista en España había más de dos trabajadores, y hoy el ratio está por debajo de esa barrera. Alcanzar el factor de sostenibilidad es lo que ahora el Gobierno intenta, para tener lista la reforma de las pensiones antes de septiembre.
El decreto, que todavía no ha sido publicado en el BOE, contempla que cuando un arrendador no quiere prorrogar el contrato deberá indemnizar al inquilino con el importe equivalente a 12 mensualidades de renta de una similar.