Notarios
El sector advierte de que la venta de acciones sin intervención notarial reduciría los controles sobre sociedades utilizadas para ocultar dinero de origen ilícito.
Los notarios han lanzado una advertencia al Gobierno sobre la reforma que prepara para simplificar la transmisión de acciones de empresas. Consideran que los cambios previstos pueden debilitar uno de los principales mecanismos de control contra el blanqueo de capitales y la corrupción, por lo que reclaman una rectificación antes de que la norma salga adelante.
Actualmente, buena parte de las operaciones relacionadas con sociedades mercantiles pasan por una notaría. Ese trámite permite identificar a los intervinientes, verificar quién está detrás de cada empresa y detectar posibles movimientos sospechosos vinculados a actividades ilícitas.
Según explican desde el sector, esta información acaba integrándose en los sistemas de prevención del blanqueo y es utilizada posteriormente por jueces, fiscales y unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Gracias a los notarios los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, jueces, fiscales, conocen en tiempo real quién es el propietario real", explica Pedro Galindo, director del Centro de Prevención del Blanqueo de Capitales.
La principal objeción de los notarios se centra en la posibilidad de que determinadas operaciones de compraventa de acciones puedan realizarse mediante documentos privados y firma digital, sin necesidad de intervención notarial previa. Una vez formalizada la operación, esta podría inscribirse directamente en el Registro Mercantil.
Para los profesionales del sector, ese cambio supondría la desaparición de un filtro que consideran fundamental en la detección de estructuras opacas, sociedades instrumentales y posibles testaferros. "Este proyecto de ley supone un retroceso inmenso en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales porque elimina la presencia del notario en la venta de acciones de empresas", sostiene Galindo.
Los notarios recuerdan que España ha desarrollado durante años mecanismos de control que permiten identificar a los beneficiarios reales de las sociedades y rastrear operaciones económicas sospechosas.
Por ello consideran que la reforma se aleja de las recomendaciones planteadas por organismos internacionales en materia de transparencia financiera. "Va en contra de las recomendaciones que han hecho organismos internacionales a España", señala el responsable del centro de prevención.
Mientras el Ejecutivo defiende que el nuevo sistema aportará más trazabilidad y facilitará los trámites administrativos, los notarios sostienen que el efecto puede ser el contrario. "Que España se convierta en un lavadero de dinero negro procedente de otros países", advierte Galindo.
El sector teme que, sin esa información previa, investigadores de unidades como la UCO o la UDEF dispongan de menos herramientas para seguir el rastro del dinero y detectar operaciones vinculadas al blanqueo de capitales.
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