EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LA FINANZAS DEL ESTADO
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha insistido en la necesidad de reconocer a los empleados públicos su contribución a la salida de la crisis y a la reducción del déficit público, durante su defensa ante el pleno del Congreso del decreto ley que adelanta parte de la oferta pública de empleo de 2017 en el ámbito de la Educación, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil.
El ministro ha recordado que el contenido de este decreto ley responde a un acuerdo más amplio con las comunidades autónomas y los sindicatos presentes en las administraciones públicas por el que se amplió la tasa de reposición al 100% al dar a más sectores la consideración de prioritarios. En virtud de ese acuerdo en los próximos tres años se cubrirán 250.000 plazas que hoy ocupan trabajadores temporales interinos, lo que el ministro ha considerado una clara apuesta por la estabilidad y por corregir la situación la interinidad que afecta a 300.000 puestos de trabajo públicos.
Al respecto, ha incidido en que la mayor parte de la interinidad se centra en sectores "tan trascendentes" como la sanidad, la justicia y la educación, con tasas de temporalidad del 30%, el 25% y el 20%, respectivamente, que en tres años espera que bajen a una media del 8 % para todas las administraciones públicas. "Esta reducción al mínimo de la tasa de temporalidad va a beneficiar a los empleados públicos, pero también a todas las personas que acceden a los servicios públicos", ha dicho Montoro al defender el interés general de las medidas comprometidas en este ámbito.
Respecto a la urgencia de tramitar una parte de la oferta pública de empleo mediante el decreto ley que se somete a convalidación, Montoro ha justificado que estas plazas no pueden esperar a la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado porque tienen que estar adjudicadas antes de que empiece el curso académico.
También en el caso de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad las plazas están condicionadas al inicio de la formación en las academias militares, de la policía y de la guardia civil previa a la incorporación al servicio activo.
En total son casi 8.000 plazas ofertadas por la Administración General del Estado (AGE), a las que se sumarán más de 10.000 de las comunidades autónomas, a las que este decreto habilita para lanzar sus respectivas convocatorias.
El decreto ley incluye 6.005 plazas de acceso libre, 1.673 de promoción interna y 291 de otro tipo, la mayoría para fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, ya que el grueso de las plazas docentes serán convocadas en el ámbito autonómico, salvo las 42 para Ceuta y Melilla.
Son 1.990 plazas para las fuerzas armadas (766 de acceso libre, 933 de promoción interna y 291 de otro tipo); 3.591 para policías (3.331 de acceso libre y 260 de promoción interna); y 2.346 para guardia civil (1.866 de acceso libre y 480 de promoción interna).
Estas plazas se completarán con las de la Policía autonómica de Cataluña, Navarra y País Vasco, comunidad para la que se habilitará también la dotación de las plazas necesarias para la Ertzaintza.