DOCUMENTO PENDIENTE DESDE 1990
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha ofrecido a los grupos parlamentarios la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, pendiente desde 1990, para definir el nombramiento de sus cargos y "dar seguridad a todos". Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Montoro ha respondido al diputado de UPyD Álvaro Anchuelo que en sus seis años como ministro de Hacienda está con la "capacidad de garantizar la completa independencia" de la AEAT y ha aseverado que "jamás" ha tenido injerencia política.
El ministro ha pedido a los grupos parlamentarios que en el marco de la reforma tributaria que deberá debatirse en los primeros meses de 2014, se apruebe un Estatuto de la AEAT en el que se defina cómo se hacen los nombramientos y cómo se ocupan los cargos de todos los funcionarios, con el fin de "satisfacer a los miles de hombres y mujeres que garantizan la recaudación tributaria y luchan contra el fraude".
Montoro ha defendido el trabajo de todos los funcionarios de la Agencia Tributaria y ha dicho que son unos "trabajadores excelentes" y ha considerado que el Estatuto, pendiente desde el nacimiento de la AEAT, debe definir también la trayectoria y carrera profesional de estos empleados públicos. "Ofrezco a los grupos de la Cámara, la redacción y aprobación de un Estatuto que defina claramente cómo se hacen los nombramientos, cómo se ocupan los cargos, en función de qué mérito y para que el nombramiento dé seguridad a todos los funcionarios, en primer lugar", ha dicho.
El ministro ha negado que exista una "doble vara de medir" en la Agencia Tributaria y ha asegurado que "nunca" ha dicho que los cargos cesados en la Agencia Tributaria lo hayan sido por ser socialistas. "La Agencia Tributaria no lo permitiría, ni consentiría y cualquier funcionario que tuviera conocimiento de ello está obligado por ley a denunciarme", ha dicho.
Por su parte, Álvaro Anchuelo ha criticado que sea la dirección de la AEAT la que decida los peritos que deben prestar auxilio a la Justicia cuando así se solicita y en este sentido se ha referido a la controversia en torno a la Infanta Cristina en el Caso Nóos. Según el diputado de UPyD el Gobierno no tiene "buena fe" para demostrar la independencia de la Agencia Tributaria y la separación de poderes y utiliza este organismo para "controlarlo aún más".