Vivienda
Isabel Rodríguez pide que se hagan cargo de lo que dice es "una necesidad social".
Las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se han convertido en polémica. Ha pedido a los caseros que sean solidarios y bajen el alquiler a sus inquilinos. "España es un país solidario. Valoremos las rentabilidades en términos sociales", comentaba la ministra Rodríguez. Que se hagan cargo de lo que dice es "una necesidad social".
Desde Sumar han contestado contesta a la ministra con ironía señalando que de por sí los propietarios no son solidarios. El Gobierno insiste en que tomará más medidas para solucionar el problema. El Ejecutivo interpela directamente a los propietarios de los pisos de aquellas autonomías donde no opera la Ley por el Derecho a la Vivienda.
"Yo les pido es que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales. Que los precios sean acordes a las capacidades de los españoles", ha instado Isabel Rodríguez. Apuntaba además que "esto lo sufren quienes necesitan una vivienda, que sufren un coste inasumible de las rentas en alquiler porque no se quieren aplicar medidas relacionadas, no solo con la contención del precio. De hecho, la Ley establece que en aquellos lugares donde existe una situación más alarmante, como es el caso de Madrid, podríamos todas las administraciones tomar medidas extraordinarias. Estamos perdiendo esa oportunidad".
La Ley por el Derecho a la Vivienda entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2023 con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma regula la ayuda a prestar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda, un derecho reconocido en la Constitución.
El tope al precio del alquiler de la norma desató la polémica sobre todo en aquellas zonas que la ley de vivienda definió como "tensionadas". Son zonas en las que se ha producido un incremento sostenido en los precios de los alquileres en los últimos años. La legislación vigente en la actualidad, hasta que se apruebe una nueva ordenanza, establece que los arrendatarios no pueden incrementar en más de un 3% el alquiler cada año.
La normativa decreta que a partir de 2025 se introducirá un nuevo índice de referencia para la actualización anual, en sustitución del IPC, que evite incrementos desproporcionados en la renta.
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