RABAT I NUEVO ACUERDO DE PESCA
Marruecos y la Comisión Europea han firmando en Rabat un acuerdo de pesca para los próximos cuatro años, permitiendo faenar a 126 barcos europeos, de los que un centenar son españoles.
El acuerdo, firmado por la comisaria de Pesca Maria Damanaki y el ministro marroquí del ramo, Aziz Ajanuch, costará a la Comisión 40 millones de euros anuales (frente a los 36,1 millones del anterior). A cambio, el acuerdo permitirá mayores cuotas de capturas y no será de aplicación inmediata. Será necesario esperar varios meses de tramitación parlamentaria.
El nuevo régimen "atiende a la resolución de la Eurocámara para el respeto de los Derechos Humanos de la población del Sáhara occidental", según han indicado fuentes del Ministerio.
Maria Damanaki, la comisaria de Pesca que ha negociado el acuerdo en nombre de los Estados miembros, ha tratado, en vano, la posibilidad de reducir el monto hasta los 28 millones de euros por considerar excesiva la petición marroquí, según han explicado fuentes europeas.
A cambio, se mejoran las condiciones para que la flota comunitaria tenga derecho a mayores cuotas de pesca. Los buques europeos han obtenido 126 licencias, de las que un centenar serán para españoles, sobre todo andaluces y canarios, y beneficiará a 700 tripulantes aproximadamente.
El segundo de los obstáculos, que ha mantenido las negociaciones en un atasco durante varios meses y que se ha solventado con una salvaguarda específica, ha sido la situación del Sáhara occidental y las garantías que ha exigido Damanaki sobre el respeto de los derechos fundamentales de la población de la excolonia española, incluída la condición de que se beneficiasen de las ventajas del acuerdo.
La población saharaui ha reclamado que sus aguas, de donde proceden buena parte de las capturas, fueran excluídas del acuerda. Rechazan que Marruecos tenga derecho a gestionar sus recursos.
Por su parte, el Parlamento Europeo, que hace dos años tumbó el último acuerdo negociado, puso como condición, para dar su visto bueno al pacto, que se respeten los Derechos Fundamentales de los saharauis y que haya pruebas de que la pesca será sostenible y rentable económicamente.