Laboral
La justicia declara improcedente el despido de un trabajador que participó en actividades políticas mientras estaba de baja. Su empresa contrató un detective privado para vigilarle.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha considerado improcedente el despido de un crupier que participó en una campaña política mientras estaba de baja médica. La justicia le ha dado la razón al trabajador después de que una empresa contratase a un detective privado para vigilarlo por sospechas de baja fraudulenta.
El individuo llevaba desde 2017 teniendo ese puesto a tiempo completo en el Casino de la Toja aunque a partir del año 2019 trabajó como segundo teniente alcalde en O Grove. Ya en mayo del año pasado solicitó un permiso para ausentarse de su cargo durante la campaña electoral para las elecciones municipales, pero este fue denegado por su empresa.
El empleado notificó así su baja por incapacidad temporal por un trastorno ansioso-depresivo agudizado, atribuido principalmente a estrés laboral. La empresa, tras sospechar la veracidad de su baja, decidió contratar a un detective privado que descubrió la participación activa del hombre en una campaña electoral mientras se encontraba en periodo de incapacidad. Sobre esto, Ricardo García, abogado asociado de Sagardoy, señala que "no toda actividad en período de baja puede ser considerada como fraudulenta".
La empresa argumentó durante el proceso judicial que las actividades que realizó en la baja demostraban que el hombre se encontraba en perfecto estado psicológico para realizar sus tareas en el casino. Ahora bien, ¿es legítimo que una empresa contrate a un detective privado para controlar cada paso que dé un trabajador que esté de baja?
El abogado laboral señala que esta práctica es totalmente legítima. Eso sí, la empresa "no es responsable de la actividad del detective", que en algunos casos sí puede ser ilegal. Por ejemplo, si el mismo graba a un trabajador en el interior de su propiedad. En ese supuesto, por mucho que el mismo esté realizando actividades que son incompatibles con su baja laboral, la justicia declararía improcedente el despido.
"En cualquier caso no está prohibido contratar a un detective para hacer ese seguimiento", aclara.
La justicia, en el caso del crupier, ha considerado que las pruebas presentadas por la empresa no demuestran de forma concluyente el fraude alegado. El despido es así improcedente y por lo tanto, ahora la empresa debe decidir si indemniza a su trabajador o si le readmite.
El 23 de mayo del 2023, este individuo participó en un debate electoral, tras el que interactuó con los asistentes a altas horas de la noche. Dos días después participó en un acto electoral, consumiendo alcohol, y ya el 26 de mayo se le vio distribuyendo propaganda electoral. Todo esto fue captado por el detective privado.
El 16 de junio de ese mismo año, la empresa le entrega una carta de despido en el que acusa al trabajador de fraude por pedir una baja laboral con el único objetivo de participar en la campaña electoral. Los jueces creen que esta actividad no incumple gravemente sus obligaciones laborales.
En caso de que la justicia declare procedente el despido de un trabajador con una baja fraudulenta y que haya sido controlado por un detective privado, el empleado puede "impugnar el despido". "Puede argumentar que su patología y la actividad que ha hecho no le impide de ninguna manera su recuperación", puntualiza Ricardo García.
También puede justificar que ha sigue perseguido por su situación de incapacidad y que se trata de algo "discriminatorio".
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