GALICIA
Una jueza de Vigo ha dictado una sentencia este mismo martes, mientras se producía la deliberación del Tribunal Supremo, en la que condena al banco a pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados por un contrato firmado en 2006.
Entiende que la entidad bancaria es la única interesada en elevar a escritura pública la hipoteca y la condena a devolver, por este concepto, 764 euros al cliente. Asimismo, obliga a reembolsar el pago de los aranceles notariales, registrales, y gastos de gestoría. En total, el banco deberá restituir 1.676 euros.