SERÁN ATENDIDOS EN SERVICIOS DE URGENCIAS
Este sábado 1 de septiembre entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que dejará sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.
Así lo han confirmado fuentes del departamento de Ana Mato, que esta semana aseguraba que no se trata de una medida de "carácter económico" sino que busca garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos públicos.
Pese a ello, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades como Andalucía o País Vasco (que han anunciado que "desobedecerán" la norma y seguirán atendiendo "como antes" a los 'sin papeles') y los profesionales sanitarios.
Un asegurado, una tarjeta sanitaria
El Real Decreto, que fue aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto y forma parte de la reforma sanitaria de Ana Mato, regula la condición de asegurado y beneficiario en el SNS y, para hacerla efectiva, se les atribuye a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.
Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla están ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social; ostentar la condición de pensionista; ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como la prestación por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.
Asimismo, también tienen la condición de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, siempre que tengan nacionalidad española y residan en España; pertenezcan a algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros, o que sean de un país distinto de los anteriores y tengan autorización para residir en territorio español.
De este modo, quedan fuera de la condición de asegurado los inmigrantes que están en situación irregular o 'sin papeles', unos 153.000 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hasta ahora sólo necesitaban estar empadronados en algún municipio español para poder ser titulares de una tarjeta sanitaria.
A partir de ahora, Sanidad sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años, una cobertura de la que el departamento de Mato presume al ser "más amplia que la de la mayoría de los países europeos, y que la que reciben los españoles cuando viajan a terceros países".
En el caso de aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que también "seguirán siendo atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora".
No obstante, las mismas fuentes reconocen que esto son sólo unos "mínimos" que las comunidades pueden ampliar como estimen oportuno siempre que no les den una tarjeta sanitaria del SNS, "ya que no tienen derecho a tenerla". "Si quieren darle una cobertura especial, están en su derecho, pero con tarjetas alternativas".
Pese a ello, algunas comunidades como País Vasco o Andalucía ya han avisado que van a aplicar "exactamente el mismo protocolo" de asistencia que seguían hasta ahora con los inmigrantes irregulares. Otras como Cataluña también lo harán, pero crearán una tarjeta 'alternativa' para este colectivo que podrán adquirir cuando lleven al menos tres meses empadronados en la comunidad.