Huelga de funcionarios
Los funcionarios del Ministerio de Justicia exigen el mismo trato que los jueces, fiscales o letrados. Quieren mejoras salariales y laborales y desde este lunes están en huelga indefinida. Las anulaciones de juicios y de procedimientos se acumulan a los retrasos endémicos y a las últimas huelgas del sector.
Las imágenes de distintas sedes judiciales por toda España son elocuentes: mesas vacías y ordenadores cerrados. Una realidad que contrasta con la movilización de centenares de funcionarios en la calle reivindicando mejoras: están en huelga indefinida.
En Madrid, los funcionarios del Ministerio de Justicia se han manifestado frente al Ministerio de Hacienda. Creen que se merecen las mismas mejoras que han conseguido en los últimos días los jueces, los fiscales y los letrados.
Javier Hernández, de CCOO, se ha mostrado muy directo al respecto: "Lo que está demostrado es que el Ministerio de Justicia es clasista y defiende claramente a las élites y no a los trabajadores". Los sindicatos argumentan que el 80% del trabajo lo sacan adelante los funcionarios y, por lo tanto, ellos también son merecedores del aumento lineal de sueldo que el Gobierno ha concedido a los jueces, fiscales y letrados.
Los juicios suspendidos se fijan para el año que viene
La huelga va a acumular más retrasos a un sistema ya colapsado. Es la puntilla a la situación caótica que atraviesan los juzgados desde hace décadas y que se agravado tras las huelgas de este año. Los usuarios de la Justicia, así como los abogados, son los que sufren las consecuencias.
Los juicios y las causas se suspenden sin que se avise a las partes. Es en la sala cuando se enteran y el perjuicio es importante. Por ejemplo, en muchos casos los participantes en un juicio se han desplazado desde otra provincia.
Marta es abogada y lo resume a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid: "No te enteras hasta el mismo día. No te ponen ninguna solución, simplemente no se celebra y tampoco dan ningún motivo, nada más".
Pablo Saura, también abogado, comenta que en las últimas semanas le han cancelado más de veinte juicios. Además de las molestias y los aplazamientos, esto supone pérdidas cuantiosas. Muchos usuarios están pendientes de pagos, liquidaciones o indemnizaciones que no se procesan y los propios abogados están posponiendo muchos cobros.
Carlos Fuentenebro es el presidente del Colegio de abogados de Vizcaya y expresa el sentir del sector: "Estamos muy estresados, muy cabreados y muy nerviosos. Tenemos mucho retraso acumulados. Las cosas que se están suspendiendo ahora se están fijando para el año que viene" y eso es un perjuicio para los abogados, ya que, según explica Fontenebro, los abogados suelen cobrar la minuta cuando el procedimiento finaliza.
"Debería haber un psiquiatra y un psicólogo para los empleados"
Los funcionarios reclaman un aumento salarial lineal que vaya desde los 350 a los 430 euros y argumentan que el Ministerio no puede mirar hacia otro lado después de gastarse 70 millones en subidas para jueces, fiscales y letrados.
Además, quieren una mayor participación en el desarrollo de la LOEO, la ley que va a gestionar la organización del trabajo. María, funcionaria del cuerpo de gestión de un juzgado madrileño, define el estado en el que se encuentran los funcionarios por sobrecarga de trabajo: "Debería haber un psiquiatra y un psicólogo en cada planta para los empleados. Esto está organizado como hace cincuenta años y hace cincuenta años ni el volumen de trabajo ni los medios eran los mismos".
No sabe hasta cuándo va a poder mantenerse en huelga, puesto que le descontarán de la nómina los días trabajados, pero María asegura que la situación es insostenible. Las cifras hablan por sí solas: según los sindicatos, se han suspendido medio millón de juicios y retrasado treinta millones de actuaciones judiciales.