Falsificación
El acusado ya había sido condenado en 2016 por un delito de estafa con una pena de tres meses de prisión.
Un exauxiliar de una empresa agrícola de La Guancha, en Tenerife, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a cumplir tres años y medio de cárcel y devolver 365.000 euros. El hombre falsificó su nómina y cobró ese dinero de más.
El acusado ya había sido condenado en 2016 por un delito de estafa. En aquel momento se le impuso una pena de tres meses de prisión sustituida por una multa de 720 euros. En aquel entonces trabajaba como auxiliar administrativo desde 2003.
Entre sus funciones estaba la elaboración de las nóminas de todos los trabajadores. Para ello tenía un programa instalado al que solo podía acceder él. Cada mes elaboraba un listado de transferencias para el pago de los salarios en dos formatos, papel y electrónico, por medio de un pendrive.
El listado en papel se lo entregaba al encargado de contabilidad, quien lo firmaba y lo daba a la persona que lo presentaba en el banco para hacer efectivo el abono de las nóminas. Aprovechando esta mecánica "y con claro ánimo de obtener un beneficio ilícito", se aprovechó de que solo se revisaba el listado en papel y no se cotejaban las cantidades parciales con las globales, y tampoco se revisaba el listado electrónico.
El banco solo confirmaba que la suma de los dos formatos coincidía y elaboraba dos listados de transferencias diferentes. Uno de ellos incluía el importe correcto de su nómina y otro alterado al alza que figuraba en el pendrive.
El acusado entre los años 2009 y 2017 obtuvo un beneficio económico cifrado en casi 365.000 euros. La sociedad, al detectar el fraude, recurrió a los tribunales donde se le absolvió del delito de apropiación indebida, pero no del continuado de estafa.
La defensa alegó que la causa penal era posterior al litigio laboral tras haber sido despedido en 2017 y que la disputa se centra en cuestiones laborales o liquidación de saldos pendientes. Además, aseguraron que el dinero cobrado había sido el acordado con la empresa, ya que ejerció funciones superiores. Por ello, se aumentó el salario hasta los 34.000 euros anuales y que 66.601 euros provenían de un reembolso de la Agencia Tributaria que él había adelantado en lugar de la sociedad.
Sin embargo, el Tribunal Supremo descarta el argumento de que el trabajador asumió durante años pagos que no le correspondían y que lo hizo para ocultar el delito alegando haber desembolsado de su bolsillo 45.000 euros. Además, se añade que nadie en la empresa cobraba un sueldo como el suyo, ni siquiera el gerente, y que el sueldo de los administrativos era siempre fijo, variando solo el del personal agrícola.
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