Tribunales
Dos funcionarios de Hacienda se presentaron en una boda celebrada en la finca Los Cañizos para advertir a los novios que si pagaban los gastos de la boda a la empresa del catering cometerían un 'delito'.
El sábado 1 de junio de 2019 en la finca Los Cañizos de Badajoz, Irene y Marcos celebraban su banquete nupcial. En un momento de la celebración, Irene se levantó para ir al servicio, acompañada de sus primas. A la salida se encontró lo último que se esperaba en lo que iba a ser uno de los mejores días de su vida: dos funcionarios de Hacienda.
Una boda arruinada
Al verles sentados en la habitación que la novia tenía reservada, los dos funcionarios advirtieron que tenían la capacidad de parar la boda si no firmaban los documentos que traían consigo. No estaban solos, sino que tres horas después llegaron dos guardias civiles a disposición de los mismos.
Desde un primer momento, Irene se pensó que se trataba de una broma, pero conforme pasaba el tiempo, la cosa resultaba ir en serio. Una hora más tarde apareció el novio, Marcos, que estaba preocupado, pues le resultó extraño no ver a su prometida durante tanto tiempo.
La situación comenzó a empeorar. Hacienda les exigía el importe correspondiente a Administración por la contratación del catering. Los novios se negaron a firmar los documentos, pues, a pesar de todo, era la empresa del catering la responsable de pagar a Hacienda la cantidad solicitada Además, alegaron que no estaban en condiciones de firmar nada y que no tenían sus documentos de identidad a mano.
En busca de la justicia
La pareja puso el caso en manos de la Audiencia Nacional, que criticó la actuación de la Agencia Tributaria. "No todo vale. La todopoderosa Agencia Tributaria tiene a su disposición medios más que suficientes para lograr el cobro de los impuestos sin tener que humillar a un deudor", considera.
Así lo defendió el abogado de los novios, Eduardo Gil Mastro, que considera que "se creó una situación de tensión y de impotencia, que lógicamente afectó a su estado emocional". Además, según cuenta el abogado, la pareja había pagado lo correspondiente a la empresa del catering por transferencia bancaria y "ahí es donde pudo primeramente actuar Hacienda o, como les dijeron los novios a los funcionarios, con posterioridad a la boda".
A la espera de saber lo que pasaría con el caso, los novios no pagaron a Hacienda.
Ahora, tras el estudio del caso, la Audiencia Nacional obliga a Hacienda al pago de 6.000 euros más los intereses legales, que el abogado defiende así: "Lo pedimos como una cuestión simbólica, sin mayores pretensiones." Lo único que quieren los novios es que ninguna pareja pase por lo mismo que pasaron ellos.