PRIVATIZACIÓN DEL TRÁFICO AEREO
La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha confirmado hoy que se ha aprobado un Real Decreto por el que se abre la posibilidad de que controladores ajenos a AENA se hagan cargo de la labor decontrol de la navegación aérea en los aeropuertos españoles.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega,ha indicado que se trata de desarrollar la ley de prestación de servicios de tráfico aéreo, por la que se abre la posibilidad anuevos proveedores del control (controladores) de los servicios de navegación en los aeropuertos españoles.
A juicio de la vicepresidenta, se trata de un reglamento muy técnico, que establece el procedimiento para la obtención, renovación y modificación de los certificados precisos para desarrollar el trabajo de proveedor de los servicios civiles de tráfico aéreo.
Entre otros elementos, el nuevo real decreto considera los temas de control aéreo, dé información en los vuelos, y las alertas en la comunicación. Así mismo, la vicepresidenta ha añadido que tal y como anuncióayer el ministro de Fomento, José Blanco, saldrá pronto el concursopara que puedan entrar ya a finales de año.
En plena "huelga en cubierta" de los controladores, el Consejo de Ministros aprueba hoy un decreto que permitirá a cualquier empresa europea cualificada operar en los aeropuertos españoles.
El Gobierno aprueba el real decreto de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea con el objetivo de convocar un concurso en el mes de octubre para que estos nuevos proveedores puedan entrar a desempeñar sus funciones antes de fin de año.
Esta actuación, prevista en la nueva ley de Navegación Aérea, permite privatizar los servicios de navegación de los aeropuertos y contempla la posibilidad de que cualquier empresa europea cualificada pueda trabajar en las torres y centros de control de los aeropuertos.
Igualmente, el Gabinete estudiará un informe sobre el anteproyecto de ley de adaptación de la normativa española a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.