EN EL CONSEJO DE MINISTROS
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el plan presupuestario para la Comisión Europea incluye la "advertencia" de que será el próximo Gobierno el que tendrá que aprobar unos presupuestos para 2017 con las medidas necesarias para poder cumplir con el objetivo comprometido del 3,1% del PIB.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha sido el único que ha hecho cálculos al respecto y, aunque no ha querido revelar la cifra exacta, ha explicado esta semana en Luxemburgo que el próximo Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo presupuestario del 0,5% del PIB para lograr la meta fijada en el 3,1%, según los cálculos que hizo la propia Comisión Europea en julio.
Conforme a esta estimación, el déficit público previsto por el Ejecutivo para el próximo año -en ausencia de medidas económicas- se situaría en el entorno del 3,6% del PIB, lo que implica que el próximo Gobierno tendrá que hacer ajustes fiscales por un importe superior a 5.000 millones de euros para poder cumplir el 3,1%. De esta forma, el Gobierno en funciones fía al crecimiento económico (2,3% para 2017) la mayor parte de la corrección del déficit esperada para el año que viene, alrededor de un punto de PIB.
El ajuste de más de 5.000 millones vendrá reflejado en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que el Gobierno podría aprobar antes de que acabe el año si Mariano Rajoy es investido presidente antes de que acabe octubre, según ha avanzado también De Guindos esta semana.
Sobre este asunto, la vicepresidenta ha dicho hoy que la prórroga automática de los presupuestos de 2016 será inevitable, porque aunque se presente el proyecto de ley no habrá tiempo para que las nuevas cuentas sean aprobadas por el Parlamento antes del 1 de enero. Ha dicho que si Rajoy recibe el apoyo del Congreso este mes, el nuevo Ejecutivo estaría en disposición de aprobar el techo de gasto para 2017 en noviembre.
Junto con el límite de gasto, se aprobarían también los objetivos de déficit de todas las administraciones públicas para 2016 y 2017, lo que dará más margen de cumplimiento este año a las comunidades autónomas, al subir el objetivo del 0,3 al 0,7% del PIB. Asimismo, ha afirmado que un Gobierno "a pleno rendimiento" podrá aprobar mediante decreto ley las medidas de naturaleza presupuestaria que considere oportunas -como podría ser la revalorización de las pensiones- para que estén en vigor el 1 de enero.
Hacienda no ha publicado el documento que enviará a Bruselas, del que la vicepresidenta tampoco ha dado ningún detalle sobre las proyecciones que incluye, salvo para decir que son "muy conservadoras". Además, ha recordado que incluye las medidas de acción efectiva que se han tomado en 2016 para que el déficit se quede en el 4,6% del PIB, que son el recorte presupuestario de 2.000 millones, el adelanto a julio del cierre de las cuentas y la subida de los pagos fraccionados que las empresas adelantan a cuenta del Impuesto de Sociedades.