EN CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno aprueba la Ley de Patentes, que evitará las solicitudes "injustificadas"

La normativa establece un único procedimiento para la concesión de las patentes en toda España, que implicará la realización de dos exámenes previos: uno en relación a invención que la patentes supone y otro relativo a la novedad que incorpora. "Lo importante no es tanto que se patente al máximo, sino que aquello que se patente sea serio y sea bueno", ha subrayado el ministro José Manuel Soria.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de patentes con el objetivo de garantizar la calidad y seriedad de las patentes españolas, así como actualizar la normativa actual, vigente desde 1986. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha explicado que el proyecto de ley tiene el objetivo de "establecer un nuevo régimen de la propiedad industrial en España", sobre la base de las patentes y modelos de utilidad. "Lo importante no es tanto que se patente al máximo, sino que aquello que se patente sea serio y sea bueno", ha subrayado Soria.

Así, la nueva normativa simplifica el procedimiento y evita tanto las patentes curriculares -solicitadas por las universidades pero que no son explotables comercialmente- y las burbujas tecnológicas -por parte de empresas que no tienen actividad inventiva real-. Es decir, "evita las patentes injustificadas", ya que todas las nuevas solicitudes tendrán que demostrar el objeto que "es nuevo y que incorpora una actividad inventiva" a través de un examen previo.

Además, la normativa garantiza la unidad de mercado, ya que todas las solicitudes se articularán a través de la Oficina de Patentes y Marcas, al tiempo que ofrece una bonificación del 50 % para emprendedores y Universidades, que podrán llegar a ser del 100 % si una vez otorgadas se demuestra que tienen aplicación comercial.

Este proyecto de ley, ha explicado Soria, sigue al anteproyecto de ley presentado en abril y cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que esta normativa pretende adaptar el marco legal español en la materia "a los cambios que se han producido en España y en el mundo" desde 1986.

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