Coronavirus
La reunión que han celebrado Gobierno y agentes sociales para seguir negociando la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de junio ha finalizado sin acuerdo y sin fecha para un próximo encuentro. Gobierno, CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme mantuvieron una larga reunión hace dos días para discutir la extensión de los ERTE asociados a la crisis sanitaria sin conseguir un acuerdo, aunque se emplazaron a una nueva reunión, que también ha finalizado sin éxito.
En la anterior se discutió una propuesta del ejecutivo para que los ERTE se prolongaran hasta el 30 de septiembre y limitar algunas exenciones a las empresas, frente a las demandas sindicales y empresariales de extenderlos hasta el 31 de diciembre. Fuentes de la negociación señalaron al acabar aquella que el Gobierno, que quería haber aprobado la prórroga de los ERTE en el siguiente Consejo de Ministros, renunció a llevar su propuesta a la espera de un acuerdo con los interlocutores sociales.
Voto en contra en el Congreso
El pleno del Congreso ha aprobado, con los votos en contra de PSOE y Podemos, una moción del PNV que insta al Gobierno a extender los Expedientes de Regulación Temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor a extender los ERTE por fuerza mayor mientras subsistan las causas previstas en los mismos y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2020 para sectores competitivos, viables, con potencial de crecimiento y que generan valor a través de la innovación. Además, la moción pide que se priorice en esa extensión de los ERTE a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de menos de 250 trabajadores. También insta a que el Gobierno facilite la transición a nuevos ERTE por causas económicas y organizativas, y que presente una estrategia y un plan compartido con las comunidades autónomas definiendo acciones para sectores industriales clave de la economía, a fin de que puedan sostener la actividad y el empleo, a corto plazo, y mejorar su competitividad futura. En la moción, también se pide al ejecutivo que cree una mesa específica del sector de automoción, en la que estén el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas especialmente afectadas y el sector en su conjunto, teniendo en cuenta toda la cadena de valor.