Garamendi, de la compra del 10% de Telefónica por el Estado: "Que la política no invada una compañía bien gestionada"

Papá Estado vuelve a Telefónica por Navidad. En el Consejo de Ministros de esta semana se ha anunciado que la SEPI va a comprar hasta un 10% del capital de Telefónica lo que le convertirá en el primer accionista de la operadora. Antonio Garamendi ha dado su punto de vista en Espejo Público.

"Yo creo que hay que verlo en varios ángulos. Es verdad que la empresa es estratégica en el plano de lo que es la seguridad nacional, lo que es la defensa nacional y por tanto sí es cierto que hay que proteger esa parte de lo que es el efecto en Telefónica. Pero hay otro elemento clave que es una empresa privada yo creo que pudiera haber otras decisiones que hubieran protegido de la misma manera lo que es la entrada de capital extranjero", explica el presidente de la CEOE.

Lo que sí rechaza Garamendi es "eso de hablar de patriotas o no patriotas". Pide Garamendi no "radicalizar las cosas" y matiza que los inversores invierten en empresas que son rentables que tienen un espacio razonable".

Desde la CEOE reivindican que "las compañías tienen que ganar dinero, tienen que retribuir a sus accionistas y cuando retribuyen a sus accionistas las valoraciones de la compañía suben. Esta compañía vale bastante menos de lo que valía hace unos años posiblemente también por regulaciones que se hacen donde no permiten que tengan el valor que debieran de tener".

Y critica que en "general" en España se está viviendo una "hiperregulación en todo que está afectando a las compañías Como esta afectando a la banca los impuestos caídos del cielo"...y pide "que se respete el gobierno corporativo", es decir "que la política no invada una compañía bien gestionada". Insiste Garamendi en que "se deje gestionar a la empresa desde el ámbito privado, que se deje trabajar a la empresa con los sindicatos para que se pueda llegar a una cuerdo y que no se haga interferencias".

El Estado y Telefónica

La relación entre el Estado y Telefónica es de ida y vuelta. En 1997 Estado y Telefónica firmaron el divorcio bajo el gobierno de José María Aznar que completó la privatización que ya había iniciado dos años antes el Ejecutivo socialista de Felipe González.

Telefónica fue nacionalizada en 1945, cuando quedó en manos públicas el 79,6% de su capital, aunque la participación estatal bajó hasta el 35,34% al término de la dictadura debido a varias ampliaciones. En 1993 la Comisión Europa acordó la liberalización del sector de las telecomunicaciones, el Gobierno de Felipe González decidió vender un 10,7%, por lo que el Estado conservó un 21,3%, del que se deshizo en 1997.

Ahora, 26 años después, el Estado entrará en su capital como accionista mayoritario.