Ferrovial insiste en que no han hablado en ningún momento de inseguridad jurídica en España

Ante la noticia de su marcha de España, Ferrovial se defiende e insiste en que no ha hablado en ningún momento de inseguridad jurídica en España. Desde la compañía aseguran que no han actuado por impulso, y que han realizado los análisis de riesgo suficientes para tomar esta decisión. Insisten en que Ferrovial es una empresa seria y se van porque Países Bajos tiene un marco jurídico estable, no porque en España exista inseguridad jurídica. Además insisten en que no están haciendo nada ilegal.

Fuentes del Gobierno aseguran que Ferrovial no les avisó de manera previa de su decisión y consideran que las principales ventajas fiscales del traslado de sede son de tipo personal, para pagar menos impuestos.

Las críticas se repiten desde prácticamente todo el Gobierno por una decisión que califican de codiciosa y poco patriota. "Después de todo lo que la sociedad española ha aportado al crecimiento de esta empresa", dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá señala: "qué mala consejera es la codicia a veces".

El PP culpa al Gobierno

El sector de Podemos va más allá. Yolanda Díaz dice que "Ferrovial Servicios se acogió a varios ERTE en nuestro país y los hemos salvado con dinero público", mientras que anuncian que presentarán una iniciativa para que las empresas "si se van, tengan que devolver cada uno de esos euros que han puestos los españoles y las españolas para mantenerlas a flote".

El PP, sin embargo, señala al Gobierno como responsable de la situación. Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, dice que el Gobierno "considera a la empresa como villanos y eso trae sus consecuencias". Por su parte, Isabel Díaz Ayuso explica que "cada vez que un empresario se queja, se expone su cara en los parlamentos y se le persigue. Es decir, aplicamos el comunismo puro y duro, ¿qué esperan que hagan las empresas?".

Además, los 'populares' dicen que la falta de seguridad jurídica en España evita que muchas empresas vengan a nuestro país.