EL BOE PUBLICA EL PATRIMONIO DE LOS MINISTROS
La exvicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es la que cuenta con un mayor patrimonio, 744.450 euros, de los exministros del Ejecutivo mientras que el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, acumula bienes por valor de 504.699 euros, según el BOE.
El Boletín Oficial del Estado publica el patrimonio, incluyendo bienes y derechos provenientes de herencia familiar, de los exministros y exsecretarios de Estado que han accedido o han abandonado sus cargos a lo largo del último año, en cumplimiento de la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Altos Cargos, en el último día de plazo previsto por la norma.
De los 744.450 euros que suman el patrimonio de Fernández de la Vega, 323.607 corresponden a bienes inmuebles, según su valor catastral, mientras que otros 420.843 son de otros bienes. La exvicepresidenta tiene además deudas por valor de 153.493 euros.
Después de la exvicepresidenta, la secretaria de Estado de Vivienda y exministra, Beatriz Corredor, es la segunda con un mayor patrimonio. Cuenta con inmuebles con un valor catastral de 259.624 euros, otros bienes que suman 273.316 lo que supone un total de 532.940 euros, aunque adeuda 232.433 euros.
Valeriano Gómez suma un total de 504.639 euros, 344.478 en inmuebles y 160.221 en otros bienes. Tiene además un pasivo de 18.211 euros. De todos los altos cargos y exmiembros del Ejecutivo cuyos bienes publica el BOE, destaca por su cuantía el patrimonio el exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información Francisco Ros: 1.536.243 euros.
Los últimos en llegar al Gobierno son, además de Valeriano Gómez, la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez -que cuenta con bienes por valor de 109.796 euros- la titular de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar -422.780 euros- el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui -330.680 euros- y la de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín -267.992 euros-.
Trinidad Jiménez tiene inmuebles con un valor catastral de 89.796 euros y otros bienes por valor de 20.000 euros. Además, acumula un pasivo de 183.854 euros. Rosa Aguilar ha declarado 135.110 euros en inmuebles y 287.670 euros en otros bienes y afirma que adeuda 41.231 euros. Jáuregui posee 215.858 euros en bienes inmuebles y 114.821 en otros bienes. No tiene deudas.
Leire Pajín, con deudas
Pajín declara un patrimonio inmobiliario con un valor catastral de 54.663 y otros bienes que suman 213.329 euros. Debe 78.017 euros. El exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos acumula un total de 380.467 euros en patrimonio, de los que 266.880 son de inmuebles según su valor catastral y 113.587 de otros bienes. No tiene deudas. Celestino Corbacho, exministro de Trabajo, cuenta con un total de 225.110 euros: 121.058 en inmuebles y 104.052 otros bienes. Corbacho adeuda además 180.409 euros.
La exministra de Medio Ambiente Elena Espinosa tiene un patrimonio de 449.649 euros, de los que 94.409 pertenecen a bienes inmuebles y 355.240 a otro tipo de bienes. No constan créditos, préstamos ni deudas.
Bibiana Aído, la que menos patrimonio tiene
Por último, la exministra de Igualdad y actual secretaria de Estado, Bibiana Aído, es la que menos patrimonio tiene: 48.107 euros, de los que 21.415 son inmuebles y 26.692 otros bienes. Aído adeuda 104.971 euros.
Entre los secretarios y exsecretarios de Estado, destaca el patrimonio de Silvia Iranzo (exsecretaria de Estado de Comercio), que suma un total 955.258 euros, y el de Alfredo Bonet, que la sustituyó en el cargo: 783.689 euros. También por encima del medio millón de euros en patrimonio figura Francisco Fabricio, secretario de Estado de Energía, que acumula bienes por un total de 546.202 euros.
El Gobierno aprobó en 2009 el real decreto que desarrolla la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Altos Cargos, que obliga a la publicación anual antes del 30 de septiembre de la declaración de todos los miembros del Gobierno y secretarios de Estado cuyo nombramiento o cese de produzca entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso.