Gas
Han enviado una carta a la Comisión Europea.
Un tope a todo el gas que compramos fuera de la Unión Europea, tanto el que llega por gasoducto como el que llega por barco y, por supuesto, que incluya el gas ruso. Es lo que piden estos 15 países que representan el 64,35 % de la población de la UE, lo que supone un golpe de fuerza importante de cara a la reunión de ministros de Energía de este viernes, donde se hablará el tema. Creen que hay que abordar desde todos los ámbitos cómo atajar el problema de los precios de la energía.
¿Qué países lo piden?
España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Se quedan fuera del pacto 12 estados (Alemania, Austria, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Rep. Checa, Dinamarca, Estonia, Chipre o Suecia).
Hasta ahora, la presidenta Ursula Von der Leyen se ha mostrado favorable a imponer un tope al gas ruso, pero no al que le compramos a socios fiables como Estados Unidos, Noruega o Catar. El viernes lo debatirán en Bruselas los ministros de Energía en una reunión en la que ya hay consenso para aprobar tres medidas: la reducción obligatoria del consumo eléctrico, un límite a los beneficios de las renovables y la nuclear, y un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de gas y petróleo.
La carta la ha recibido la comisaria de Energía, Kadri Simson. Según estos países, éste sería uno de los instrumentos de emergencia "prioritarios" para afrontar la crisis energética de este invierno. Sostienen que esta medida, que el Ejecutivo europeo acabó retirando de su propuesta inicial, es la más eficiente para afrontar la presión inflacionaria "insostenible" y otros retos inmediatos que ha provocado el cierre del grifo del gas ruso.
"El tope al precio del gas que ha sido pedido desde el comienzo por un cada vez mayor número de Estados miembros es la medida que ayudará a cada Estado miembro a mitigar la presión inflacionaria, gestionar las expectativas y proporcionar un marco en caso de potenciales disrupciones del aprovisionamiento, además de limitar los beneficios extra del sector", argumentan en la misiva.
Para España y los demás países que apoyan la iniciativa, este tope al precio del gas puede garantizar la seguridad del aprovisionamiento —uno de los principales reparos de quienes se oponen a la medida, como Países Bajos o Hungría— así como el "libre flujo del gas" por Europa. A la vez, permitiría lograr el "objetivo compartido de reducir la demanda de gas".
La propuesta del reglamento sobre una herramienta de emergencia eléctrica y una contribución del sector fósil se basa en el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo cual regatea el paso por el Parlamento Europeo. Como tal, la propuesta requiere el voto de una mayoría cualificada en el Consejo –los Gobiernos– para ser aprobada, y su adopción dependerá de los procedimientos internos del Consejo, que se reúne de forma extraordinaria el 30 de septiembre en formato de ministros de energía.
"Las medidas propuestas tienen carácter extraordinario y, por lo tanto, deben tener una duración limitada", dice la Comisión Europea: "La herramienta de emergencia eléctrica debe aplicarse a más tardar el 1 de diciembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023. La Comisión Europea se ha comprometido a llevar a cabo una revisión de la herramienta de emergencia eléctrica antes del 28 de febrero de 2023, teniendo en cuenta la situación del suministro eléctrico y los precios de la electricidad en toda la UE , y presentar un informe sobre las principales conclusiones de ese examen al Consejo".
Las llamadas aportaciones solidarias del sector fósil, es decir, la tasa sobre los beneficios extraordinarios, "se aplicarán durante un año desde su entrada en vigor. La Comisión llevará a cabo una revisión antes del 15 de octubre de 2023, en vista de la situación general del sector de los combustibles fósiles y los beneficios excedentes generados, y presentará un informe sobre las principales conclusiones de esa revisión al Consejo".
Francia y la excepción ibérica
En su propuesta para Bruselas, Francia evoca también la posibilidad de crear una excepción ibérica "a escala europea", como uno de los mecanismos a corto plazo más eficaces para frenar la espiral de precios de la electricidad. Una posibilidad que ya evocó su presidente, Emmanuel Macron, la semana pasada, durante la inauguración del primer parque eólico marítimo francés.