Catalán
Según Junts, todas las empresas que tengan más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones estarán obligadas a atender en las lenguas cooficiales desde cualquier rincón de España.
Los empresarios reaccionan a la medida anunciada por Junts per Catalunya que plantea que todas las compañías con más de 250 empleados o que facturen al menos 50 millones de euros estén obligadas a atender al consumidor en todas las lenguas cooficiales del Estado.
Imaginemos un catalán que vive en Sevilla, compra en un supermercado cualquiera y pone una reclamación en catalán por un producto en mal estado. Pues bien, según Junts, atención al cliente le tiene que contestar en catalán. Los empresarios dicen que es un ataque a su libertad. “Atenta gravemente contra la libertad empresarial. Va a suponer costes para las empresas, además de la complejidad organizativa”, advierte Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Otro ejemplo. Si un vasco quiere hacer una consulta a su banco en euskera, ese departamento estaría obligado a responderle en la misma lengua, aunque esté en Soria. Hablamos de atención telefónica o un formulario por internet. Daría igual dónde vivas y de dónde sea la empresa. Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, también se muestra en contra de que sea obligatorio. “Nosotros en Cataluña tenemos la atención en catalán, en Francia en francés, pero nadie nos obliga. Vamos a utilizar los idiomas que sean necesarios, pero tantas obligaciones para las empresas no es bueno”, asegura.
Y esto, además, ¿qué implica? Pues que todas las grandes compañías tendrían que tener personal que hable todas las lenguas cooficiales. Es decir, que una empresa catalana tendrá que tener teleoperadores que hablen también gallego, euskera y valenciano. “Basta ya de normativa contra las empresas. Al final nos tendrán que decir si el cliente cuando llame le tenemos que contestar de tú o de usted”, critica Josep María Galilea, presidente de Galilea Seguros. La iniciativa obligaría a las grandes compañías a reforzar sus plantillas con personal formado para comunicarse en las cuatro lenguas, con independencia de la comunidad en la que operen.
Fuentes de la CEOE, la patronal de los empresarios,muestran su "preocupación" por el aumento de la carga burocrática que puede suponer, en contra de la necesaria reducción que vienen defendiendo en España y en el ámbito de la Unión Europea. También por el incremento de los costes operativos y de adaptación y por la pérdida de competitividad que implicaría para las empresas españolas, aseguran. Además quieren mostrar su inquietud por el impacto sobre la eficiencia y la calidad del servicio que implicaría la adopción de obligaciones respecto a las lenguas cooficiales en empresas sin implementación en sus respectivos territorios.
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