Impuestos
Hay varias comunidades que están reclamando ya al Gobierno que les dé más dinero por los ingresos "extra" que van a recaudar con este impuesto, igual que se va a hacer con País Vasco y Navarra.
El Gobierno ha sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los últimos de la legislatura de Pedro Sánchez. Un día después de lograr el respaldo a las cuentas públicas cuatro comunidades han solicitado al Ejecutivo la cesión de los impuestos a la banca y energéticas.
La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón han reclamado dicha compensación porque aseguran que se la merecen por ley. "Si Navarra y País Vasco van a recibir por su foralidad unos beneficios por esos impuestos extras, La Rioja también lo va a exigir. Esa compensación nos la merecemos por ley. Aquí cada uno tenemos nuestra particularidad y la nuestra existe", ha advertido al respecto la presidenta riojana, Concha Andreu.
En la misma línea el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha dejado claro que los valencianos "quieren ser vascos y navarros", y desde Cataluña el diputado de ERC Joan Margall también ha confirmado que la cuestión se ha debatido ya en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso. "No hemos podido llegar a un acuerdo para que sea la Generalitat la que recaude este impuesto o al menos una parte de él, pero sigue siendo un objetivo y seguiremos trabajando por ello", ha subrayado.
Malestar por el pacto con Bildu
Esta exigencia coincide con el enfado del PNV. Los nacionalistas vascos querían recaudar ellos directamente esos impuestos en lugar de que el Gobierno les dé el dinero.
Al respecto, el portavoz del grupo, Aitor Esteban, ha dicho que eso va a ocurrir porque el Ejecutivo central lo pactó todo con Bildu. "Ni lo vamos a poder recaudar nosotros desde nuestras instituciones, ni lo vamos a poder gestionar, sino que el dinero será recaudado por el Gobierno y se nos pasará ese equivalente a lo que hubiéramos podido recaudar nosotros", ha explicado.
¿Cómo serán los impuestos?
Los tres gravámenes temporales aprobados, cuyo texto tiene que pasar aún por el Senado para completar su curso en las Cortes, se aplicarán en 2023 y 2024, aunque existe la posibilidad de hacerlos permanentes una vez se analicen al término de su vigencia.