Cárcel España 2024
El trabajo penitenciario, que implica salarios bajos pero gran demanda, es clave para la reinserción social de los reclusos. Sin embargo, genera debate por los derechos laborales y el uso de esta mano de obra económica.
En el sistema penitenciario español, cerca del 20% de los internos tienen acceso a trabajos remunerados mientras cumplen condena, lo que supone alrededor de 11.375 personas de una población total de 55.000 presos, según datos actualizados en junio de 2024. Estas actividades no solo les ofrecen una fuente de ingresos, sino también la posibilidad de adquirir experiencia laboral, fomentar la autoestima y aumentar sus oportunidades de reintegrarse en la sociedad tras su liberación.
Los internos pueden trabajar en talleres de servicios como lavanderías, cocinas, limpieza o de producción, así como en colaboración con empresas externas gestionadas por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. La media de los salarios oscila entre 3,24 y 5,68 euros por hora, lo que equivale a unos ingresos mensuales de 200 a 300 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que en 2024 es de 1.134 euros mensuales.
En comunidades como Cataluñay el País Vasco, donde las competencias penitenciarias son gestionadas de forma independiente, las condiciones laborales de los reclusos pueden variar. A nivel nacional, la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que los internos que trabajen a jornada completa deberían percibir almenos el 75% del SMI, aunque este objetivo raramente se alcanza debido a la naturaleza de los trabajos ofrecidos dentro de los centros.
A pesar de los bajos ingresos, la demanda de estos puestos es alta. Los trabajos productivos son valorados positivamente durante las evaluaciones de libertad condicional, y muchos internos buscan empleo como una forma de mantenerse ocupados y contribuir económicamente a sus familias. Además, estos ingresos les permiten ahorrar para su vida fuera de prisión.
El trabajo penitenciario es defendido por las instituciones como una herramienta vital para la rehabilitación social. Proporciona una rutina, ayuda a mantener la estabilidad mental y reduce el estrés asociado a la reclusión. No obstante, ha sido objeto de críticas por parte de asociaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que denuncian la explotación laboral de los internos. Empresas externas se benefician de esta mano de obra barata, sin estar obligadas a cotizar por los reclusos en la Seguridad Social, lo que limita sus derechos laborales y futuras pensiones.
El debate sobre la necesidad de reformar este sistema sigue en el punto de mira. Los defensores señalan los beneficios sociales y psicológicos del empleo penitenciario, mientras que los críticos insisten en mejorar las condiciones laborales para garantizar la igualdad de derechos entre internos y trabajadores libres.
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