Administraciones públicas
Se calcula que harían falta hasta 400.000 empleados públicos para situar a España al mismo nivel que sus países vecinos y una nueva subida salarial ante la pérdida de poder adquisitivo de los empleados de las administraciones.
Con el inicio del nuevo curso político a la vuelta de la esquina la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una serie de propuestas y reformas respectivas a las administraciones públicas españolas. El objetivo es afrontar y dar con una fórmula consensuada con el nuevo Gobierno para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos de las administraciones públicas (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, SEPE, pensiones…) y también de las condiciones laborales de los empleados públicos.
El presidente de CSIF, Miguel Borras, destaca la importancia de desvincular la coyuntura y el calendario políticos para demorar las reformas que requiere la administración y la responsabiliza con el progresivo deterioro que sufren los servicios públicos con los que se encuentran los españoles. Las propuestas de CSIF van, por tanto, dirigidas hacia los siguientes ejes: rejuvenecimiento y refuerzo de las plantillas; revisión salarial; una actualización de la normativa básica para corregir desigualdades entre administraciones (jornada de 35 horas, implantación efectiva del teletrabajo, mejorar las pensiones), entre otras.
Durante la intervención, CSIF ha sido contundente y ha señalado que la Administración del Estado ha destruido hasta 64.000 empleos en los últimos 10 años y, ante este panorama, espera que se conforme un Gobierno que se comprometa a diseñar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público. Dos ejes esenciales para la generación de empleo público que irían de la mano de medidas como la supresión de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y la limitación de la temporalidad.
En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, los empleados públicos arrastran una pérdida del 20% desde los recortes de 2010 y del 5,5% sólo en los últimos dos años. Es por ello que, el grupo sindical exige un nuevo acuerdo para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 ya que, según expresa en el informe, “fue una medida que se adoptó con carácter excepcional y como tal debe derogarse”.
Y, en segundo lugar, pide la habilitación de fondos para corregir también las desigualdades salariales entre las CCAA, una reforma que evitaría la despoblación de ciertas regiones del interior de España.
Las pensiones, la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y una financiación suficiente para MUFACE y MUGEJU están también entre los puntos del día, con medidas como una jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza “penosa, tóxica o peligros”; la implantación de la jornada laboral de 35 horas; y una correcta regulación del teletrabajo.