¿Cómo afectan a las empresas las medidas anticorrupción anunciadas por Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez propone en el Congreso de hoy un plan estatal contra la corrupción elaborado junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del que ha anunciado 15 medidas, entre ellas la creación de una agencia de integridad pública independiente.

El Pleno del Congreso analiza la situación provocada por el 'caso Koldo' y los socios del Gobierno exigen al jefe del Ejecutivo un "cambio de rumbo" en la legislatura o someterse a una cuestión de confianza. El plan está dividido en cinco ejes dedicados a prevenir y perseguir la corrupción.

¿A quién se dirigen las medidas anticorrupción?

Los cinco ejes del pan de medidas contra la corrupción tratarán de fortalecer los controles para prevenirla y perseguirla, introducir aplicaciones de inteligencia artificial para detectar "patrones anómalos o indicios de fraude". Además, se establecerán controles patrimoniales aleatorios para altos cargos.

También obligará a los partidos políticos y fundaciones con financiación pública (superior a los 50.000 euros) a realizar auditorías externas independientes y reduciendo el umbral de la obligatoriedad de publicación de donaciones a 2.500 euros.

El segundo eje de medidas está centrado en proteger a los denunciantes de casos de corrupción. Con esto, las empresas estarán obligadas a tener canales internos de denuncia. En siguiente eje se destina a reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar los casos de corrupción con jueces especializados.

El cuarto eje se centra en la recuperación de los bienes robados mediante corrupción. Sánchez ve "evidente" devolver a lo público "lo que es de todos". El Gobierno aumentará la plantilla de la Oficina de Recuperación y gestión de activos.

En el quinto eje también se involucra a las empresas. Consiste en generar una "verdaderacultura de integridad que impregne nuestras administraciones públicas, que movilice a la ciudadanía y que responsabilice también con ello al sector privado, a las empresas de nuestro país" con estudios demoscópicos anuales sobre la percepción de corrupción o campañas de concienciación.

Crear una lista 'negra' de empresas

Entre las medidas anunciadas hoy por el jefe del Ejecutivo se encuentra la creación de una 'lista negra' de empresas condenadas para que no vuelvan a ser contratadas por la administración pública.

En el informe de la UCO, se apunta a cuatro empresas que podrían haber pagado mordidas. La más repetida: Acciona (multinacional española de construcción e infraestructuras). Se sospecha que obtuvo al menos cinco contratos públicos bajo amaño por valor de unos 500 millones de euros, en obras de Sevilla, Logroño, Cataluña, Murcia.

Otra constructora en el punto de mira es Servinabar, propiedad de Antxón Alonso y de la que Santos Cerdán habría adquirido un 45%. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil podría haber sido utilizada como intermediaria para canalizar los pagos de Acciona a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La empresa lleva años obteniendo adjudicaciones del Gobierno Navarro y participa en la mayor obra de la historia de la Comunidad Foral.

Levantina Ingeniería y Construcción y también aparece Obras Públicas y Regadíos, empresa de los cuñados del exdelegado de Acciona.

Las 15 medidas anticorrupción de Sánchez

Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y vertebradas en cinco ejes están concretadas en un documento de33 páginas que se podrá consultar en la web oficial de Moncloa.

1º EJE - Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción

• 1. Creación de una Agencia de Integridad Pública para la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas.
• 2. Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.
• 3. Introducción de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma de contratación del sector público.
• 4. Exigencia de sistemas para garantizar el cumplimiento de las medidas contra la corrupción por parte de las empresas que quieran contratar con las administraciones.
• 5. Nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la obligación de transparencia activa, con mecanismos de alerta temprana y actualización del Portal de Transparencia y controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante su mandato.
• 6. Refuerzo de los controles sobre los partidos políticos, que incluye a estas formaciones y sus fundaciones con financiación pública de 50.000 euros a someterse a auditorías externas e independientes. Bajar el umbral de publicidad de donaciones a 2.500 euros y aprobación de la Ley de Grupos de Interés.

2º EJE - Protección a los denunciantes de corrupción (canales internos de denuncia)

• 7. Incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal medidas para garantizar la confidencialidad, protección y apoyo legal a las personas que acudan a las autoridades a denunciar actos de corrupción. Y exigir a las empresas canales internos de denuncia y a las administraciones su integración en un sistema de integridad institucional.

3º EJE - Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción (jueces especializados)

• 8. Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, para agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Igualmente, otorgar carácter preferente con un procedimiento sumario a las causas con cargos públicos implicados.
• 9. Avanzar en el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupcióncon más medios y una reforma estructural del modelo de instrucción penal, para que sea la Fiscalía la que ejerza esta competencia.
• 10. Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública y aumento de las multas a empresas corruptoras.
• 11. Sistema de exclusión y "listas negras" para que no puedan seguir contratando con la Administración
• 12. Endurecimiento de las sanciones a los partidos por infracciones contables y retirada de subvenciones a quienes mantengan en sus listas a condenados por corrupción.

4º EJE - Recuperación de los bienes robados mediante la corrupción (devolver a lo público, lo que es de todos)

• 13. Aumento de plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente.
• 14. Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas, sin necesidad de condena penal.

5º - EJE Generación de una verdadera cultura de integridad

• 15. Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, a cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), junto a campañas de concienciación y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.

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