Posible delito societario
Los principales acusados son Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de Caja Castilla la Mancha y ex diputado socialista, e Ildefonso Ortega, ex director general. La Fiscalía anticorrupción les acusa de un delito societario por falsear las cuentas de la caja en 2008.
Anunciaron beneficios de treinta millones de euros cuando en realidad perdían 182 millones. Entonces eran tiempos en los que Caja Castilla La Mancha buscaba fusionarse con otras entidades.
El expresidente Moltó insiste en que su gestión fue "transparente, honesta y legal". Y asegura que "esas cuentas nunca llegaron a aprobarse" niega la existencia de "un agujero contable".
El juez instructor, sin embargo, señala que "se concedieron algunos créditos de muy dudoso cobro". Ante la acusación el expresidente descarga la culpa en sus asesores.
Esa mala situación llevó a la entidad a ser la primera caja de ahorros intervenida y nacionalizada. Para ello se aprobó un rescate de 9.000 millones de euros.
La Fiscalía pide para los exdirectivos dos años y medio de cárcel e inhabilitación. Ambos tienen sus cuentas embargadas desde el pasado año por no haber satisfecho la fianza civil de casi 140 millones de euros que les impuso el juez Ruz.