Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

La CNMC pide unificar normas sobre viviendas turísticas y eliminar restricciones

El organismo regulador considera que en España existe una gran disparidad normativa en materia de viviendas turísticas por la proliferación de normas autonómicas y locales heterogéneas, y subraya que el marco resultante es "heterogéneo" y "altamente restrictivo".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda revisar en profundidad la normativa sobre apartamentos turísticos aprobada en los últimos años para unificar criterios y eliminar algunas restricciones, como la prohibición de nuevas licencias o el establecimiento de moratorias. Estas recomendaciones están incluidas en un informe elaborado por la CNMC, que ha analizado las normas autonómicas y locales y las ha comparado con las vigentes en las principales ciudades europeas.

Según la CNMC, la popularización de plataformas digitales como Airbnb o HomeAway y la consiguiente expansión de las viviendas turísticas han traído beneficios para los usuarios y para la economía de las ciudades, pero también inconvenientes para los modelos de negocio previos. En su opinión, la proliferación de viviendas turísticas ha intensificado la competencia, ha rebajado los precios y ha aumentado la calidad de los alojamientos.

La CNMC destaca que las viviendas turísticas contribuyen a un uso más racional de los espacios urbanos, aportan riqueza a los ciudadanos, contribuyen a recuperar barrios degradados y tienen un efecto positivo sobre el comercio local. A su juicio, algunos de los efectos negativos atribuidos a las viviendas turísticas, como los derivados de la congestión -ruido o efectos sobre el medio ambiente-, "son en realidad consustanciales al conjunto de la actividad turística y precisan de un enfoque regulatorio global".

La CNMC recalca que la regulación de las viviendas turísticas tiene que estar motivada por "la existencia de un fallo de mercado o una razón imperiosa de interés general", y debe ser "proporcionada". Además, el regulador pide evitar requisitos y obligaciones que supongan una carga para los titulares de viviendas, como las exigencias de equipamiento y servicios mínimos, los regímenes de autorización previa o la exigencia de comunicar los precios a la Administración.

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