Comisión de Competencia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 12 concesionarias de carreteras por coordinarse para repartirse 71 de las 110 licitaciones de servicios de conservación y explotación convocadas por el Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018.
La CNMC ha puesto sanciones que suman 61,28 millones de euros para las 12 empresas que forman un cartel donde se encuentran filiales de las llamadas 'Big Six' del mercado español de concesionarias públicas: ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL y Acciona.
La sanción de la CNMC también incluye la prohibición de contratar con el sector público, dentro de una resolución que aún no es firme puesto que contra ella se puede presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en un plazo de 2 meses. Esta prohibición se extiende a las 11 de las 12 empresas afectadas. La única que se salva es Aceinsa, pues colaboró con el desmantelamiento del cartel proporcionando información. Así la sanción a esta empresa se reduce al 50%.
Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son AccionaMantenimiento de Infraestructuras, S.A.; Aceinsa Movilidad, S.A; Alvac, S.A.; API Movilidad, S.A.; Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Audeca, S.L.U. y su matriz Elecnor, S.A.; Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa; Elsamex, S.A.; Elsan, S.A., y su matriz Obrascón Huarte Laín, S.A.; Ferroser Infraestructras, S.A. y solidariamente su matriz Ferrovial Servicios, S.A.; Innovia Coptalia, S.A. y su matriz Copcisa Corp. S.L.; Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. y su matriz Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.; Sacyr Conservación, S.A.U. .
'Modus operandi' de estas empresas
Todo comenzó en octubre de 2017, cuando la CNMC recibió una información anónima que alertaba de la posible existencia de este cártel. Se llevaron a cabo las inspecciones de varias sedes de las empresas en 2018 y en julio de 2019 se impuso un expediente sancionador contra 13 empresas. Sin embargo, la CNMC ha comprobado ahora que el cártel estuvo operativo entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, y además se han detectado conversaciones desde 2009.
Las empresas implicadas en el cartel llevaban a cabo reuniones en las que se citaba a cargos de responsabilidad de las empresas a encuentros en la sede de algunas de las compañías o en lugares públicos. A través de correos electrónicos se citaban con la excusa de "tomar café", o "contarnos nuestras penas y alegrías", cuando en realidad eran reuniones donde se repartían los contratos públicos.