Las claves de la nueva Ley de Vivienda y los cambios para calificar una zona como tensionada

Esta semana el Congreso votará la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, un texto que muestra importantes diferencias con el borrador inicial. Tras el acuerdo que el Ejecutivo de coalición ha alcanzado con ERC y EH Bildu el texto se desbloqueará, ampliando las zonas tensionadas y permitiendo imponerse restricciones para arrendadores a personas físicas.

Con esta ley se consolida el tope al precio del alquiler para todo el país independientemente de que sea o no área tensionada, además se rebajará de 10 a 5 inmuebles el criterio para ser considerado gran tenedor. A continuación explicamos las claves de una norma que afectará al 61% de los hogares y no al 20% como contemplaba el borrador inicial.

Zonas tensionadas

Una de las claves del nuevo texto son los criterios para decretar o no una zona tensionada. Hablaremos de una zona tensionada cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores a la declaración del área tensionada.

Para tener dicha calificación basta con cumplir uno de esos dos requisitos. Eso sí, la declaración de las zonas tensionadas será siempre competencia de la CCAA. Esto será efectivo tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.

Otras novedades

• Se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos en todo el territorio.
• Para evitar la "vulneración competencial" que sobrevolaba por el borrador inicial ahora se suprimen 7 artículos relativos a políticas de consumo.
• Se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada y se incluyen las nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años. Además, se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.
• Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.
• Para aplicar un incremento en el precio del alquiler por la elaboración de una reforma en la vivienda, dicha reforma tendrá que superar el 10% del valor de compraventa de la casa.