Sanciones de hasta 4.000 euros
El gobierno catalán pretende evitar el intrusismo en el sector del taxi y prevé, entre otras medidas, una moratoria de dos años en la transmisión de licencias de vehículos de alquiler con conductor (conocidos como VTC), así como la creación de un régimen sancionador.
Las autorizaciones de VTC que se otorguen en Cataluña no se podrán vender hasta dos años después de obtenerlas, lo que pretende evitar la especulación. En estos momentos hay 3.000 licencias pendientes de resolución judicial, de las cuales 800 pertenecen a una misma empresa. Este elevado número de licencias pendientes de aprobación suponen superar la ratio de un VTC por cada 30 taxis que establece la ley, lo que se debe a que hubo un periodo de tiempo de "vacío legal" en el que no había un límite establecido.
Además de la moratoria en la transmisión de licencias, el Govern obligará a los vehículos de alquiler con conductor a llevar un adhesivo identificativo en el parabrisas que entregará la Generalitat y, en caso de no llevarlo, se multará con 2.000 euros. También creará un registro electrónico -prevé que esté plenamente operativo a finales de año- en el que se deberán registrar todos los servicios de transporte contratados previamente, que es el tipo de servicio que pueden ofrecer los VTC, con lo que se pretende evitar que estos vehículos con conductor capten a clientes circulando en la calle o en zonas de alta demanda como el aeropuerto, que es el tipo de servicio que ofrecen los taxis; la sanción por no comunicar el servicio en el registro se multará con hasta 1.000 euros.
El régimen sancionador también prevé multas de hasta 4.000 euros a las VTC domiciliadas en otras comunidades autónomas que operen en Cataluña durante más días de los que permite la ley, que equivalen al 20% en tres meses (18 días) -a excepción de cuando se producen grandes eventos, como es el caso de ferias como el MWC.
Además de este decreto ley, el Govern también está trabajando en un paquete de medidas para modernizar el sector del taxi, a partir de un desarrollo de la ley del taxi, y que plantea, por ejemplo, el uso compartido del servicio de taxi, el pago anticipado y convenido, o un plan para incorporar nuevas tecnologías en el sector.