A PARTIR DEL 23 DE JUNIO
El Departamento de Salud de la Generalitat estima que cada catalán pagará una media de 13 euros al año por la tasa del euro por receta médica, que se empezará a aplicar en Cataluña el próximo 23 de junio. El impuesto farmacéutico del Govern lo pagará todo ciudadano que retire un medicamento expedido por la sanidad pública en una farmacia en Cataluña, excepto unas 127.000 personas que, por su nivel de renta, quedarán exentas inicialmente.
El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha explicado que los exentos están acreditados por el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat como personas con bajas rentas, y que estos datos se actualizarán mensualmente para incrementar o disminuir esa cifra en función del comportamiento de los niveles de pobreza. Con ese sistema, "se evitará que el euro por receta suponga una barrera para acceder al medicamento", ha subrayado Ruiz en una conferencia de prensa orientada a explicar esta medida, que se aplicará a partir de las 00.00 horas del 23 de junio.
El conseller ha subrayado que "los farmacéuticos no son recaudadores y la ley no les obliga a cobrar la tasa, sino al ciudadano a pagarla", así que ha apelado a la "conciencia colectiva" para cumplir con lo que estipula la normativa. El euro por receta se abonará por cada receta expedida por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) retirada en una farmacia catalana con un tope de 61 euros anuales por persona, en 2012 serán 36 euros al empezar a aplicarse a medianos del año, un máximo al que se calcula que llegará el 12 % de la población (unas 800.000 personas).
La Generalitat estima que con este impuesto, bautizado como "tique moderador" porque busca también un uso eficiente de los medicamentos, se generarán unos ingresos de unos 50 millones de euros este 2012, 100 millones el año que viene, que servirán para financiar el sistema sanitario catalán. La tasa, que sólo se cobrará en farmacias de Cataluña sobre recetas expedidas por el CatSalut, se abonará por cada receta con un precio superior a 1,67 euros.
Gracias a la tarjeta sanitaria y a los sistemas de información, el farmacéutico podrá consultar en línea si el usuario ya ha excedido el límite de 61 euros al año o si pertenece al colectivo exento, que se revisará mensualmente en función de los datos aportados por el Departamento de Bienestar y Familia. Estarán exentos los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción, de la pensión no contributiva, de la Ley de la Integración Social de los Minusválidos y del Fondo de Asistencia Social, un colectivo que actualmente suma en total 127.000 ciudadanos.
El impuesto sólo se aplicará a los medicamentos dispensados en farmacia, por lo que están exentos los que se dan en ambulatorio, la medicación de los ingresados en hospitales y los fármacos suministrados directamente por el centro de salud. En el caso de que un ciudadano no quiera pagar la tasa, el Departamento de Salud está elaborando un mecanismo para que pueda tramitar su queja por la vía administrativa. Asimismo, el farmacéutico podrá avisar al Departamento de Salud cuando no haya podido cobrar la tasa, pero en ningún caso el impuesto se le descontará de la factura de la farmacia.
Además del euro por receta, los catalanes deberán pagar parte de los medicamentos en función de su renta, tal como estipula el copago farmacéutico del decreto ley del Gobierno que, en principio, se debería empezar a aplicar el 1 de julio. Ruiz ha explicado que la Generalitat aún espera los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre la renta de los ciudadanos catalanes para cruzarlos con los que tiene la administración catalana y poder empezar a hacer pruebas. "Nuestra intención es cumplir con los plazos que establece la ley, pero todo dependerá de cuándo y en qué estado lleguen los datos del INSS", ha destacado Ruiz.