Carlos podría quedarse en la calle si no desokupan su casa

La ocupación ilegal de viviendas sigue siendo uno de los grandes problemas del mercado inmobiliario en España, agravado desde la pandemia. Durante el COVID-19, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, que suspendió los desahucios para personas consideradas vulnerables. Lo que nació como una medida excepcional se ha convertido en una situación prolongada en el tiempo: la norma ha sido prorrogada hasta en seis ocasiones y, según estimaciones del sector, ha logrado frenar cerca de 60.000 desahucios.La situación es aún más compleja si se trata de inquiokupas; es decir, inquilinos que en un principio pagaban la renta pero dejaron de hacerlo.

El caso de Carlos es especialmente delicado. Compró el piso a sus propios padres por hacerles un favor, pero al estár lejos de su actual trabajo, decidió alquilarlo y buscar una vivienda de alquiler para el más cerca de su empleo. Firmó el contrato con cuatro personas, tres con nómina, la última trabajaba sin cotizar a la seguridad social. Para su sorpresa cinco meses después dejaron de pagar el alquiler. Ahora su casero necesita el piso en el que vive, sigue pagando la hipotéca, pero no tiene donde vivir. Lleva dos años esperando una respuesta, pero la "inquilina" se ha declarado en situación de vulnerabilidad.

Por eso, esta protección legal ha tenido un impacto directo en propietarios y pequeños inversores, que ven cómo los procesos judiciales se alargan durante años, siendo un año y medio el plazo mínimo de espera cuando se trata de un inquiokupa vulnerable. La decisión final depende de los servicios sociales, que analizan cada caso en función de los ingresos, la situación familiar o el número de hijos. Según Francisco Javier Bueno, abogado "el problema que está habiendo es que ellos van, dicen que son vulnerables y automaticamente se les genera el informe. Es el caso de Carmelo, afectado y protavoz de la asociación Afectados por la Okupación lleva seis años con su piso okupado.

Ante estos largos procesos, muchos propietarios optan por acuerdos extrajudiciales, es decir, por negociar directamente con el okupa. Esta es cada vez una práctica más habitual y están llegando a pedir entre 15.000 y 20.000euros para abandonar la vivienda. Otros propietarios, hartos de esperar deciden poner su piso en venta aunque no esté desalojado. De hecho, según el portal inmobiliario Idealista, actualmente hay unas 23.000 viviendas okupadas en venta,

Mientras tanto, los propietarios como Carlos y Carmelo que prefieren hacer todo por la vía legal, tendrán que seguir esperando.

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