Justicia
Muchos juicios se están suspendiendo en toda España y las paralizaciones económicas son muy elevadas. Los afectados están hartos de la situación.
La Justicia española se encuentra paralizada. Los letrados de la Administración de Justicia siguen en huelga indefinida y sin respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Esta situación está haciendo que cada día se anulen numerosos juicios, lo que paraliza unos 32 millones de euros diarios, según Ernesto Casado, presidente del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia.
En estos momentos, los juzgados de todo el país se encuentran en una situación caótica. En Alicante aseguran que las cajas con expedientes no caben ya en ningún lado. Las causas se acumulan, no dan abasto y con la huelga cada día se suspenden juicios. En esta provincia se cancelan doscientos a la semana y en toda España ya hay más de 100.000 juicios pendientes.
Desde el Colegio de Letrados confirman que "aproximadamente el 60% del trabajo no se está haciendo" a causa de la huelga. Con los datos actuales se prevé que hasta dentro de varios meses no se puedan "sacar adelante" todos los trámites acumulados. Esto actualmente se traduce en un retraso de cuatro meses, tiempo que aumentará significativamente si la huelga permanece.
Sin respuesta de Pilar Llop
Ernesto Casado ha hecho hincapié en la necesidad de ser escuchados por la institución correspondiente: el Ministerio de Justicia. Es por ello que consideran "urgente" que Pilar Llop, ministra de Justicia, se ponga a trabajar sobre el tema para darles una solución lo antes posible. Será entonces cuando se planteen abandonar la huelga indefinida.
Más responsabilidades no remuneradas
La huelga indefinida arrancó el pasado 24 de enero. Con ella, los secretarios judiciales quieren que se adecuen sus condiciones a las responsabilidades que asumen tras las reformas de 2009 y 2015: "Llevamos 14 meses asumiendo unas responsabilidades que no se retribuyen económicamente". Estos denuncian que hasta ahora esas responsabilidades y carácter directivo no han sido remuneradas. Denuncian los funcionarios de la Administración del Estado de mayor rango (nivel A1) una desigualdad salarial de 1.000 euros con respecto a los de la misma clase como jueces y fiscales.