MÁS DE 38.000 CONDUCTORES AL AÑO
El número de personas que se dan a la fuga cada hora de las estaciones de servicio españolas sin pagar asciende a una media de cuatro, según se aprecia en la última memoria anual de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). En concreto, la asociación cifra en 115.000 las fugas de estaciones de servicio en los tres últimos años, lo que equivale a más de 38.000 cada año, a 105 al día o a una media de 4,3 durante cada una de las horas del día.
En su memoria, la AOP informa de la creación de un grupo de trabajo con la Guardia Civil para atajar este delito, que cada año tiene un coste económico de cinco millones de euros, al que hay que añadir unos dos millones asociados a la tramitación de las denuncias. El asunto es "de creciente importancia" y sus afectados son, en su mayor parte, pequeños empresarios minoristas, señala la asociación, que viene trabajando desde septiembre con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para buscar soluciones.
El grupo está liderado por la AOP, en la que se integran Repsol, Cepsa y BP, y cuenta con la participación de la asociación de operadores independientes UPI y de las asociaciones de empresarios de estaciones de servicio Aevecar y Ceees. Los trabajos previstos tienen como objetivo "formar e informar" a la Administración competente acerca de la trascendencia de este problema, que no solo genera una merma económica, sino que conlleva riestos asociados a la seguridad y la integridad física de los empleados que tratan de evitar las fugas.
Los participantes en el grupo de trabajo han ofrecido a la Administración "toda la colaboración posible en el diseño y puesta en marcha de soluciones que permitan prevenir estas incidencias y mitigar su impacto". Las propuestas planteadas pasan por una agilización de los trámites relacionados con las denuncias, una implicación mayor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la identificación de infractores y la reclamación de importes adeudados. También se trabaja en la implantación de medios telemáticos para el envío de pruebas a la autoridad competente, con el fin de agilizar los procedimientos, explica la asociación.