EN TORNO A LOS AJUSTES Y A LA UNIÓN BANCARIA
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) tratarán en la cumbre que celebrarán este miércoles la puesta en marcha del supervisor bancario único -un capítulo en el que la canciller alemana, Angela Merkel, ha afirmado que quiere ver avances en la reunión- y la estrategia a seguir en la profundización de la unión bancaria.
Berlín está dispuesto a defender su plan de avanzar "en dos etapas" en la construcción de la unión bancaria, de modo que el papel del mecanismo de reestructuración y liquidación de entidades financieras lo asuma en un primer momento una "red de entidades nacionales", una idea que cuenta con la reticencia de varios socios, como Francia o Luxemburgo.
Los líderes europeos también buscarán lograr avances concretos en la lucha contra la evasión fiscal en la cumbre que celebran este miércoles, en la que también quieren impulsar la integración del mercado energético comunitario. Los evasores fiscales están en el punto de mira de la UE, en donde diferentes casos en sus países han evidenciado la importante merma que supone la fuga de capitales a paraísos fiscales para las arcas públicas europeas, de hasta un billón de euros al año, el equivalente al PIB de España, según los cálculos de Bruselas.
Este impulso llevó a los ministros de Economía y Finanzas europeos (Ecofin) a dar finalmente la pasada semana su visto bueno al mandato que permitirá a Bruselas iniciar las negociaciones con Suiza, Andorra, San Marino, Liechtenstein y Mónaco para revisar los convenios firmados en 2004 sobre la fiscalidad de los ahorros bancarios. Sin embargo, y para frustración de Bruselas, Luxemburgo y Austria mantuvieron inamovible su rechazo a la reforma de la directiva de fiscalidad del ahorro.
Ésta normativa, vigente desde 2005, establece el intercambio automático de información en la UE, un principio que Bruselas quiere extender a los fondos de inversión, las pensiones, los instrumentos financieros innovadores y los pagos efectuados a través de fideicomisos y fundaciones. La revisión amplía la definición del pago de intereses e introduce un mecanismo mejorado para identificar a los propietarios de cuentas, una cuestión que genera el rechazo de Luxemburgo y Austria, que protegen con celo su secreto bancario y condicionan su apoyo a esta directiva a la evolución de las negociaciones con Suiza y el resto de países.
En la cumbre, los Veintisiete reconocerán la importancia de "dar pasos eficaces para combatir la evasión y el fraude fiscal y hacer frente a la planificación fiscal agresiva" con una serie de propuestas recogidas en el proyecto de conclusiones del encuentro. Uno de los principales puntos que aparecen en este texto es la extensión del intercambio automático de información entre los países "para cubrir todo tipo de ingresos", para lo que la CE presentará una propuesta legislativa para enmendar la directiva sobre cooperación administrativa este verano.
El objetivo de ésta será extender la aplicación del intercambio automático de información a los dividendos, las ganancias de capital y otros ingresos a partir de 2015, al igual que se hará con los rendimientos del trabajo dependiente, honorarios de director, los seguros de vida, las pensiones y los rendimientos inmobiliarios.
Los Veintisiete se comprometerán, además, a adoptar para julio próximo "como muy tarde" las medidas pendientes para atajar la lucha contra el fraude en materia de IVA, entre ellas el mecanismo de reacción rápida que permitirá a los países adoptar ciertas decisiones de emergencia en casos serios de fraude repentino y masivo.
Los líderes europeos dedicarán también la cumbre del miércoles a la energía y, en concreto, a cómo impulsar la integración del mercado único energético europeo para que se concluya en 2014, a la necesidad de estimular las inversiones en las infraestructuras y a "los desafíos que plantean los altos precios de la energía".
Los Estados miembros analizarán el retraso en la aplicación del conocido como "tercer paquete energético" -que incluye medidas como la separación de la gestión de la producción, el transporte y la comercialización de la energía-, que debía haber sido incorporado plenamente a los ordenamientos nacionales en 2011.